La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) expresó, este lunes, su preocupación por la intención del bloque regional de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) de fomentar la creación de medios de comunicación regionales o multinacionales.
El director Ejecutivo de la ANP Juan Javier Zeballos, advirtió que una de las intenciones del ALBA es a partir de la creación de estos medios coartar la libertad de expresión. “Nosotros vemos en todo esto un intento de uniformizar la información favorable a los gobierno de esta región de ALBA y eliminar de esta manera la crítica de los medios independientes”, dijo a la ANF.
Las reacciones de la ANP surgieron luego que la mesa política de la Séptima Cumbre de los países la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) decidieran crear medios de comunicación (radios, canales de TV y periódicos) de alcance internacional.
El Director Ejecutivo de la ANP condenó las declaraciones hechas por el presidente Evo Morales, quién reiteró que “en Bolivia, el 95 por ciento de los medios es opositor (a su gobierno)”, al acusar a los dueños y empresarios de los medios de comunicación, de ser responsables de la oposición gubernamental. Por lo que propuso “fortalecer” los medios de comunicación del ALBA, al recordar la experiencia boliviana de instalar 30 radios comunitarias.
“Un gobierno democrático debe despenalizar las leyes con relación al periodismo”.
Fuente: El Mundo
http://www.elmundo.com.bo/Secundarianew.asp?edicion=20/10/2009&Tipo=Nacional&Cod=9494
martes, 20 de octubre de 2009
Hay apoyo casi unánime para el tribunal de ética de la ANP
El recientemente conformado tribunal de ética por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a los medios de comunicación escritos, recibió una buena nota de diferentes actores del país, que tienen que ver con la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a la información.
La ANP anunció ayer que el tribunal está integrado por los abogados Armando Villafuerte y Willman Durán, y los periodistas Alberto Zuazo Nattes, Jaime Humérez Seleme y Harold Olmos Mercado.
Al respecto, el diputado Arturo Murillo (UN) señaló que por lo que se enteró el tribunal de ética es un cuerpo de alto nivel de gente intachable y con muchas ganas de trabajar, y que le augura una buena labor, siempre que no se politicen los temas.
Al diputado César Navarro (MAS) le parece un paso altamente importante, siempre y cuando traten de corregir el ultralibertinaje que existe en los medios, que creen tener la verdad absoluta ante el Estado, la sociedad y la economía. Por su parte, el ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, Hernán Cabrera, indicó que es un avance importante para el periodismo boliviano y para la sociedad en su conjunto, con relación a los derechos de los ciudadanos para con los medios.
Pablo Zenteno, de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, sostuvo que el tribunal le parece interesante pero que habría sido mejor si ellos hubieran participado en su conformación.
El ex diputado y ex dirigente campesino Felipe Quispe señaló que es hora de parar los abusos del Gobierno, ya que no existen sindicatos que defiendan a los medios.
“En Patacamaya (La Paz) sólo tenemos el canal estatal y la red de radios del Gobierno, con mucho mejor estilo de las dictaduras de Banzer y García Meza, y ya hemos dejado de ver televisión libre”. agregó Quispe. Pese a que se lo buscó, no se pudo tener la palabra del portavoz presidencial Iván Canelas y tampoco con el diario Cambio.
Por otro lado, la ANP expresó su preocupación por la intención del bloque regional de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) de fomentar la creación de medios de comunicación regionales o multinacionales.
El director ejecutivo de la ANP, Juan Javier Zeballos, advirtió que una de las intenciones es, a partir de la creación de estos medios, coartar la libertad de expresión. /EGJ
Fuente: El Deber
http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-10-20/vernotanacional.php?id=091020001424
La ANP anunció ayer que el tribunal está integrado por los abogados Armando Villafuerte y Willman Durán, y los periodistas Alberto Zuazo Nattes, Jaime Humérez Seleme y Harold Olmos Mercado.
Al respecto, el diputado Arturo Murillo (UN) señaló que por lo que se enteró el tribunal de ética es un cuerpo de alto nivel de gente intachable y con muchas ganas de trabajar, y que le augura una buena labor, siempre que no se politicen los temas.
Al diputado César Navarro (MAS) le parece un paso altamente importante, siempre y cuando traten de corregir el ultralibertinaje que existe en los medios, que creen tener la verdad absoluta ante el Estado, la sociedad y la economía. Por su parte, el ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, Hernán Cabrera, indicó que es un avance importante para el periodismo boliviano y para la sociedad en su conjunto, con relación a los derechos de los ciudadanos para con los medios.
Pablo Zenteno, de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, sostuvo que el tribunal le parece interesante pero que habría sido mejor si ellos hubieran participado en su conformación.
El ex diputado y ex dirigente campesino Felipe Quispe señaló que es hora de parar los abusos del Gobierno, ya que no existen sindicatos que defiendan a los medios.
“En Patacamaya (La Paz) sólo tenemos el canal estatal y la red de radios del Gobierno, con mucho mejor estilo de las dictaduras de Banzer y García Meza, y ya hemos dejado de ver televisión libre”. agregó Quispe. Pese a que se lo buscó, no se pudo tener la palabra del portavoz presidencial Iván Canelas y tampoco con el diario Cambio.
Por otro lado, la ANP expresó su preocupación por la intención del bloque regional de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) de fomentar la creación de medios de comunicación regionales o multinacionales.
El director ejecutivo de la ANP, Juan Javier Zeballos, advirtió que una de las intenciones es, a partir de la creación de estos medios, coartar la libertad de expresión. /EGJ
Fuente: El Deber
http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-10-20/vernotanacional.php?id=091020001424
Ávalos alquila una oficina de supuesta propiedad de Linares
La pregunta, ¿a qué sector representa? fue pronunciada por Miguel Ángel Linares, ex presidente de la quebrada cooperativa de ahorro y préstamo Sudamérica, cuando fue sorprendido ayer por la mañana en la oficina del surtidor Ametauná con el máximo dirigente campesino de Bolivia y ahora candidato a segundo senador por el MAS en Santa Cruz, Isaac Ávalos. El ex ejecutivo se esfumó del lugar, pero dejó a Fredy Pérez, fiscal adscrito a Guarayos, que también estaba en el inmueble, que por la noche se convirtió en la casa de campaña del masista.
El representante del Ministerio Público también salió apresurado de la oficina cuando percibió la presencia de la prensa, pero después dijo, por teléfono, que se reunió con Ávalos para que lo ayude a conseguir su transferencia a Santa Cruz de la Sierra, aunque pidió que no se publicara.
El surtidor Ametauná figura en los registros de la Asociación de Surtidores (Asosur) como propiedad de Miguel Ángel Linares, que fue investigado por la supuesta propiedad de 100 casas de la urbanización Vallecito o La Comarca, del Plan de Vivienda Solidaria, que fueron derrumbadas por la municipalidad hace 11 meses y 21 días porque eran construidas ilegalmente en los límites de los municipios de Santa Cruz de la Sierra y Warnes.
“Este surtidor no es mío, no tengo nada que ver”, fue lo poco que dijo Linares cuando fue sorprendido en la casa de campaña de Ávalos. En Ametauná trabajaba Maciel Alma Rodríguez, la encargada de limpieza que figuraba como la propietaria de los terrenos donde eran edificadas las casas del programa gubernamental.
En contrapartida, Isaac Ávalos reveló que pagaba $us 500 de alquiler por los dos meses de campaña, pero desconocía los pormenores porque fue su representante el que firmó el contrato con Linares. Lo que se abstuvo de mencionar el aspirante a senador, es si el ex presidente de Sudamérica aporta o no a su campaña.
“Yo no sé nada, hace tiempo que hice el traspaso a otra persona”, dijo Linares, que el año pasado fue aprehendido por la Fiscalía cruceña por supuestas irregularidades en la compra de los terrenos para la urbanización Vallecito, que financió el Gobierno central.
La presencia de Linares en una de las casas de campaña del MAS fue cuestionada por el presidente del Comité de Vigilancia, Romel Porcel, porque, según él, no dieron curso a la denuncia que sentó un grupo de padres de familia para que investiguen la transferencia del Colegio Justo Leigue de parte de los jubilados a Linares.
Por su lado, el fiscal Freddy Pérez dijo que su visita a Isaac Ávalos fue para contarle que la Fiscalía de Distrito instruyó su traslado a otra jurisdicción (antes estaba en San Julián) sin previa consulta y, por lo tanto, le pidió que interceda ante el Ministerio Público para lograr su retorno a la capital cruceña, bajo el argumento de que está haciendo una maestría y su familia radica en esta ciudad.
Pérez se reunió con Ávalos por más de 10 minutos en la mañana en el surtidor de referencia.
Fuente: El Deber
http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-10-20/vernotaud.php?id=091019234910
El representante del Ministerio Público también salió apresurado de la oficina cuando percibió la presencia de la prensa, pero después dijo, por teléfono, que se reunió con Ávalos para que lo ayude a conseguir su transferencia a Santa Cruz de la Sierra, aunque pidió que no se publicara.
El surtidor Ametauná figura en los registros de la Asociación de Surtidores (Asosur) como propiedad de Miguel Ángel Linares, que fue investigado por la supuesta propiedad de 100 casas de la urbanización Vallecito o La Comarca, del Plan de Vivienda Solidaria, que fueron derrumbadas por la municipalidad hace 11 meses y 21 días porque eran construidas ilegalmente en los límites de los municipios de Santa Cruz de la Sierra y Warnes.
“Este surtidor no es mío, no tengo nada que ver”, fue lo poco que dijo Linares cuando fue sorprendido en la casa de campaña de Ávalos. En Ametauná trabajaba Maciel Alma Rodríguez, la encargada de limpieza que figuraba como la propietaria de los terrenos donde eran edificadas las casas del programa gubernamental.
En contrapartida, Isaac Ávalos reveló que pagaba $us 500 de alquiler por los dos meses de campaña, pero desconocía los pormenores porque fue su representante el que firmó el contrato con Linares. Lo que se abstuvo de mencionar el aspirante a senador, es si el ex presidente de Sudamérica aporta o no a su campaña.
“Yo no sé nada, hace tiempo que hice el traspaso a otra persona”, dijo Linares, que el año pasado fue aprehendido por la Fiscalía cruceña por supuestas irregularidades en la compra de los terrenos para la urbanización Vallecito, que financió el Gobierno central.
La presencia de Linares en una de las casas de campaña del MAS fue cuestionada por el presidente del Comité de Vigilancia, Romel Porcel, porque, según él, no dieron curso a la denuncia que sentó un grupo de padres de familia para que investiguen la transferencia del Colegio Justo Leigue de parte de los jubilados a Linares.
Por su lado, el fiscal Freddy Pérez dijo que su visita a Isaac Ávalos fue para contarle que la Fiscalía de Distrito instruyó su traslado a otra jurisdicción (antes estaba en San Julián) sin previa consulta y, por lo tanto, le pidió que interceda ante el Ministerio Público para lograr su retorno a la capital cruceña, bajo el argumento de que está haciendo una maestría y su familia radica en esta ciudad.
Pérez se reunió con Ávalos por más de 10 minutos en la mañana en el surtidor de referencia.
Fuente: El Deber
http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-10-20/vernotaud.php?id=091019234910
Una de las garantes de líder del MRTA es asesora del “Vice”
Santa Cruz / El Deber.- Martín Serna Ponce, ex miembro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que hace 15 años secuestró al empresario y político Samuel Doria Medina, se benefició de las garantías de dos personas vinculadas al actual régimen. La primera es Lucía Fernanda Suárez Blancourt, que actualmente trabaja como asesora de Comunicación de la Vicepresidencia de la República.
Suárez es persona cercana a Álvaro García Linera; la otra garante que figura en el voluminoso expediente es María Martha Gonzales, que es esposa del actual senador masista Antonio Peredo Leigue.
El juez a cargo de la causa, José Ayaviri, explicó que las dos personas presentaron garantías económicas y no se les podía seguir un proceso porque no es delito.
El monto que fue requerido por la fiscal Jaqueline Bustillos Sánchez fue de 5.000 bolivianos por persona, que fueron pagados por las garantes.
El caso recobró vigencia cuando el fiscal Leopoldo Ramos, que se hizo cargo del proceso, solicitó a la Cancillería de Bolivia, a través de la Fiscalía General de la República, que se pida los documentos oficiales de Gustavo Irigoyen Mamani a las autoridades venezolanas, que supuestamente es el nombre que utiliza ahora Martín Serna Ponce; aunque en los reportes internacionales se menciona que su nombre es Wilfredo Gustavo Idigora Mamani.
A su vez, el domingo, el empresario y actual candidato presidencial de UN-CP acusó al Gobierno, en el programa Usted Elige-Día V, de proteger a Martín Serna Ponce porque forma parte de la actual estructura gubernamental.
El fiscal Ramos también solicitó el registro físico de esa persona, porque, según él, con esos documentos se puede concluir que se trata de la misma persona y, en ese caso, se iniciará una nueva querella judicial contra Serna Ponce y en la que las dos garantes —María Martha Gonzales y Lucía Suárez— pueden ser procesadas como cómplices.
El representante del Ministerio Público dijo que por el momento se piden las huellas dactilares y el registro de esa persona, pero que luego se puede avanzar en una causa contra todos los involucrados.
El hermano del senador Peredo y cuñado de Gonzales, Oswaldo Peredo, dijo que las acusaciones que realiza el dirigente de UN son descabelladas y obedecen a una campaña política con miras a las elecciones del 6 de diciembre. “Él (Samuel Doria Medina) sabe que está muy por debajo en las encuestas y encuentra este tema para lograr rédito político”.
Se intentó tomar contacto con Lucía Suárez, pero fue imposible durante toda la jornada, pues en sus oficinas de la Vicepresidencia dijeron que estaba en reunión y su teléfono celular se encontraba apagado.
Fuente: La Prensa
http://www.laprensa.com.bo/noticias/20-10-09/noticias.php?nota=20_10_09_poli3.php
Suárez es persona cercana a Álvaro García Linera; la otra garante que figura en el voluminoso expediente es María Martha Gonzales, que es esposa del actual senador masista Antonio Peredo Leigue.
El juez a cargo de la causa, José Ayaviri, explicó que las dos personas presentaron garantías económicas y no se les podía seguir un proceso porque no es delito.
El monto que fue requerido por la fiscal Jaqueline Bustillos Sánchez fue de 5.000 bolivianos por persona, que fueron pagados por las garantes.
El caso recobró vigencia cuando el fiscal Leopoldo Ramos, que se hizo cargo del proceso, solicitó a la Cancillería de Bolivia, a través de la Fiscalía General de la República, que se pida los documentos oficiales de Gustavo Irigoyen Mamani a las autoridades venezolanas, que supuestamente es el nombre que utiliza ahora Martín Serna Ponce; aunque en los reportes internacionales se menciona que su nombre es Wilfredo Gustavo Idigora Mamani.
A su vez, el domingo, el empresario y actual candidato presidencial de UN-CP acusó al Gobierno, en el programa Usted Elige-Día V, de proteger a Martín Serna Ponce porque forma parte de la actual estructura gubernamental.
El fiscal Ramos también solicitó el registro físico de esa persona, porque, según él, con esos documentos se puede concluir que se trata de la misma persona y, en ese caso, se iniciará una nueva querella judicial contra Serna Ponce y en la que las dos garantes —María Martha Gonzales y Lucía Suárez— pueden ser procesadas como cómplices.
El representante del Ministerio Público dijo que por el momento se piden las huellas dactilares y el registro de esa persona, pero que luego se puede avanzar en una causa contra todos los involucrados.
El hermano del senador Peredo y cuñado de Gonzales, Oswaldo Peredo, dijo que las acusaciones que realiza el dirigente de UN son descabelladas y obedecen a una campaña política con miras a las elecciones del 6 de diciembre. “Él (Samuel Doria Medina) sabe que está muy por debajo en las encuestas y encuentra este tema para lograr rédito político”.
Se intentó tomar contacto con Lucía Suárez, pero fue imposible durante toda la jornada, pues en sus oficinas de la Vicepresidencia dijeron que estaba en reunión y su teléfono celular se encontraba apagado.
Fuente: La Prensa
http://www.laprensa.com.bo/noticias/20-10-09/noticias.php?nota=20_10_09_poli3.php
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