PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ PRO SANTA CRUZ Y EL CONSEJO DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LIBERTAD

Comunicado de Prensa 28.08.09

Consejo de Defensa de Derechos Humanos y la Libertad



PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ PRO SANTA CRUZ Y EL CONSEJO DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LIBERTAD



Bolivia vive un estado de irrespeto a las leyes. En Bolivia no existe democracia. La Organización de Estados Americanos OEA, amparados en Carta Democrática Interamericana, está en la obligación de tomar cartas en el asunto y exigir al Gobierno Nacional el respeto al Estado de Derecho y a la Democracia.



Una vez más somos testigos de la injerencia a la que son sometidos el Poder Judicial y el Poder Legislativo por parte del Poder Ejecutivo. La independencia de los poderes del Estado es uno de los requisitos esenciales para vivir dentro de un régimen democrático.



En esta semana fatídica para la Justicia Boliviana, la Comisión de la Cámara de Diputados inició juicio a los Magistrados y Conjueces de la Corte Suprema de Justicia, propuesto por los ministros del gobierno de Evo Morales, por emitir una resolución de simple trámite, fundamentada en más de ocho sentencias de igual Resolución, en donde determinaron que el conflicto de competencia del supuesto caso de terrorismo debe ser resuelto por la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz.



Paralelamente, la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de La Paz, acepto y finalmente declaró procedente un recurso de amparo constitucional interpuesto por el operador político del Gobierno, el Fiscal Marcelo Soza, la tramitación de dicho recurso se ha convertido en una vergüenza no solo para el Órgano Judicial, sino para la población en su conjunto. Los vocales Blanca Alarcón, William Alave y Osvaldo Céspedes, han cometido el delito de prevaricato, fundamos dicha aseveración en las principales irregularidades:



· El Fiscal que interpuso el recurso no tenía facultades por estar recusado en ese proceso.

· La Sala Penal Tercera de la ciudad de La Paz, compuesta por Willam Alave y Blanca Alarcón, al dar curso al Amparo planteado por el Fiscal Sosa ha usurpado funciones, que de conformidad a la Constitución están encomendadas exclusivamente al Tribunal Constitucional.

· Las personas mencionadas como tercero interesado no fueron notificados como establece la ley para poder defenderse correctamente y los directos aludidos fueron notificados fuera del plazo previsto por Ley.

· Al tratarse de un recurso planteado en contra de una resolución emitidas por autoridades de Santa Cruz, el mismo debió haber sido tramitado en Santa Cruz y no en un distrito judicial ajeno. Al respecto tanto la Sala Penal tercera de la Corte Superior de La Paz, como el Presidente de la Corte Superior de Santa Cruz, de una forma arbitraria y demostrando una clara parcialidad, rechazaron todas las solicitudes planteadas al respecto.



Lo expuesto demuestra que en Bolivia no existe independencia de poderes, ya que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial han dado claras muestras de sometimiento a la voluntad e intereses políticos del Presidente y sus Ministros.



Santa Cruz de la Sierra, 28 de Agosto 2009