jueves, 5 de noviembre de 2009
Los masistas logran arraigo de Reyes Villa
El candidato a la presidencia por Convergencia Nacional (CN) y principal opositor del MAS, Manfred Reyes Villa, quedó ayer arraigado y con la anotación preventiva del 50% de sus bienes, por un juicio interpuesto por la Prefectura de Cochabamba acusándolo de malversación de fondos en la construcción de la carretera Vinto- Sacambaya y puente Sacambaya por 70 millones de bolivianos.
Para Reyes Villa, el MAS está temeroso de la aceptación de su candidatura que va junto a su vicepresidente Leopoldo Fernández, que está detenido en la cárcel de San Pedro sin poder conversar con los medios de comunicación y buscan inhabilitar su candidatura para las elecciones del 6 de diciembre.
“El Gobierno tiene mucho temor, sabe que todo está cambiando, nadie quiere estas acciones abusivas en el oriente y sur. El 6 de diciembre las cosas van a cambiar”, sostuvo el candidato a la presidencia luego de conocer el fallo de la juez Primero de Instrucción en lo Penal, Mirtha Montaño, denunciando una presión judicial y revelando que la juez y la fiscal Ingrid Mercado tienen vínculos con gente del MAS.
El arraigo dejará al candidato a la presidencia por Convergencia sin poder salir del país previa autorización de un juez , días antes de haber planificado una gira por Argentina y España en busca del voto en el exterior .
"Detrás del dictamen de la jueza Montaño se advierte la descarada injerencia del Gobierno en el Poder Judicial. Se trata de un abuso de poder sin precedentes en la historia jurídica y política del país", dijo el jefe de campaña de CN, Moisés Revollo.
Explicó que de nada sirvió que la defensa presente certificados de domicilio, de trabajo, de familia constituida incluso de antecedentes personales para evitar la aplicación de las medidas cautelares.
Reyes Villa es acusado por el prefecto cochabambino, Jorge Ledezma, nombrado por el MAS, por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en los casos de la carretera Vinto-Sacambaya, puente Sacambaya, compra de vehículos lujosos y el Parque Nacional Carrasco.
Los abogados de Reyes Villa anunciaron que el parcializado dictamen de la jueza Montaño será apelado en los plazos previstos por existir serios indicios de ilegalidad y abuso desmedido de poder.
"Jamás existió ni existirá peligro de fuga, porque Reyes Villa es candidato a la presidencia", dijo Alex Bráñez, abogado defensor de Reyes Villa.
Mientras que el asesor de la Prefectura de Cochabamba, Rolando Ramos, sostuvo que están satisfechos con la decisión porque se actuó con profesionalismo. Aclaró que el arraigo y la hipoteca legal del 50% de sus bienes se justifican porque los abogados de Reyes Villa no pudieron demostrar la ocupación conocida de su defendido y no justificaron la venta de unos inmuebles.
El candidato a primer senador en Santa Cruz por Convergencia, Germán Antelo, identificó la judicialización de la política.
lo que dicen
Juicios • El vocero de Convergencia Nacional, Erick Fajardo, sostuvo que este juicio ya fue archivado por el fiscal general y que antes también se iniciaron otros 14 juicios pero que Reyes Villa volvió de Estados Unidos para afrontar sus procesos.
Las ilegalidades son más votos • La prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, cuestionó la decisión del Gobierno de buscar el arraigo de Reyes Villa, pero aclaró que mientras más abusos cometa el gobierno y mientras más intenten frenar a la oposición, la población les dará el voto.
FUENTE: EL DIA
http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=150&pla=3&id_articulo=18819
Jueza arraiga a Manfred y su familia dice que Evo está detrás
Reyes Villa calificó el proceso de político y aseguró que sólo demuestran que buscan someter a dos ex autoridades electas, refiriéndose a Leopoldo Fernández, “que gozan de caso de corte, en cualquier jurisdicción”
ANF
A menos de un mes de las elecciones generales y pese a la ventaja holgada del binomio oficialista en las encuestas, una juez cautelar dictó en Cochabamba el arraigo y la anotación preventiva de los bienes de Manfred Reyes Villa, candidato a la Presidencia de Bolivia por la primera fuerza de oposición, PPB- Convergencia Nacional (PPB-CN). Esto implica que no podrá hacer campaña electoral en el exterior del país con miras a las elecciones generales del 6 de diciembre.
El hecho es interpretado por los allegados del ex prefecto cochabambino como un golpe político que busca frustrar la campaña en el exterior del opositor más próximo en las encuestas al presidente-candidato Evo Morales.
El presidenciable es sometido por la Prefectura cochabambina a cuatro procesos legales por los casos de la carretera Vinto-Sacambaya, puente Sacambaya, compra de vehículos lujosos y el Parque Nacional Carrasco. Actualmente, el candidato presidencial del PPB-CN está doblemente imputado por la fiscal Ingrid Mercado en los dos primeros casos.
El hecho es interpretado por los allegados de Reyes Villa como un golpe político que busca frustrar la campaña en el exterior del opositor más próximo en las encuestas al presidente-candidato Evo Morales.
En medio de los reclamos por el primer proceso a una ex autoridad que se ventiló fuera de la jurisdicción de Sucre y de denuncias de la defensa de Reyes Villa sobre el parcialismo de la fiscal Ingrid Mercado y la jueza Mirtha Montaño, este miércoles estas autoridades dictaminaron que el candidato opositor no podrá dejar el territorio nacional.
Realmente da pena que la justicia esté a disposición del gobierno. No quieren que vaya a la Argentina para hacer campaña y claro la justicia los coopera declarando arraigo” aseguró el candidato presidencial por el Plan Progreso Bolivia (PPB), Manfred Reyes Villa tras la audiencia de medidas cautelares en la que la jueza Mirtha Montaño del Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal determinó el arraigo en el caso de la construcción del puente Sacambaya en su gestión prefectural.
La Prefectura pidió a la autoridad que ante la existencia de serios indicios de intención de fuga del ex prefecto Reyes Villa, entre las medidas cautelares se establezca una fianza y el arraigo. El gobierno a través de la prefectura Cochabambina impulsa dos procesos contra Reyes Villa, entre ellas por la construcción del camino Vinto-Sacambaya y el puente Sacambaya. La defensa del candidato presidencial asegura que la vía ordinaria no es el escenario adecuado y que el proceso debería darse por la vía de un juicio de responsabilidades ya que se lo juzga por actividades cuando cumplía el cargo de prefecto del departamento de Cochabamba.
Reyes Villa calificó el proceso de político y aseguró que sólo demuestran que buscan someter a dos ex autoridades electas, refiriéndose a Leopoldo Fernández, “que gozan de caso de corte, en ésta o en la anterior jurisdicción”, por lo que son pasibles a juicios de responsabilidades
Erick Fajardo, portavoz de Reyes Villa, había advertido días atrás que este juicio tendría la única intención de frustrar la campaña en el exterior de Reyes Villa, que anunció iniciar la primera semana de noviembre una incursión en Argentina y España.
“Esta es una decisión política, tal como lo habíamos advertido. Es consecuencia del asedio sostenido del gobierno sobre la justicia, que finalmente se quebró y cedió al capricho del poder político”, manifestó Fajardo.
“Tras meses de presionar al Ministerio Público y el Poder Judicial, el gobierno logró su objetivo: que alguna autoridad judicial se preste a frenar la campaña en el exterior de Manfred; hoy el gobierno tiene a Manfred arraigado y a Leopoldo amordazado, pero la lucha no se ha terminado y no vamos a rendirnos”, agregó.
“La pregunta que debe hacerse el país es ¿Por qué si Evo Morales tiene tan amplia ventaja sobre su directo contendor como dicen las encuestas se molesta en judicializar al principal binomio opositor?”, cuestionó.
Reyes Villa es sometido por la Prefectura cochabambina a dos procesos legales por los casos de la carretera Vinto-Sacambaya y el puente Sacambaya.
El candidato de PPB y su acompañante de fórmula han impugnado permanentemente la competencia de los jueces ordinarios que ventilan sus causas. A ambos se les acusa de delitos cometidos validos de su investidura de autoridades, sin embargo se les pretende juzgar en la vía ordinaria.
EL DATO
HIPOTECA. En el caso de la hipoteca, precisó que se trata de una hipoteca legal que tiene como objeto resarcir los daños civiles ocasionados al departamento, por un contrato irregular de 70 millones de bolivianos. e incumplimiento de deberes por la Prefectura de Cochabamba.
FUENTE : EL MUNDO
http://www.elmundo.com.bo/Secundarianew.asp?edicion=05/11/2009&Tipo=Nacional&Cod=9563
Arraigan a Manfred; el PPB acusa al MAS
A menos de un mes de las elecciones generales, una jueza cautelar cochabambina ordenó el arraigo y la anotación preventiva de los bienes de Manfred Reyes Villa, candidato a la Presidencia de Bolivia por una fuerza de la oposición, en un hecho que fue interpretado por los seguidores del ex prefecto como un golpe político del Gobierno para frenar su campaña electoral.
Mirtha Montaño, del Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal, dispuso ayer el arraigo de Reyes Villa, además de la anotación del 50% de sus bienes, en la audiencia de medidas cautelares que se cumplió, por espacio de más de cuatro horas, en la Corte Superior de Justicia de Cochabamba.
Reyes Villa aseguró que el Gobierno se encuentra desesperado por el crecimiento vertiginoso de su candidatura y pidió al presidente Evo Morales que juegue limpio en las elecciones y que no haga abuso del poder. “A Leopoldo Fernández no le permiten manifestarse a través de los medios a pesar de la resolución de la Corte Nacional Electoral”, señaló el candidato.
Según Moisés Revollo, jefe de campaña del PPB-CN, con esta decisión judicial, a la que calificó de forzada y parcializada, Reyes Villa no podrá hacer campaña fuera del país. “Detrás del dictamen se advierte la descarada injerencia del Gobierno en el Poder Judicial, que de esta manera arraigó no a Reyes Villa, sino a la democracia. Se trata de un abuso de poder sin precedentes en la historia jurídica y política del país”, expresó Revollo.
Por su lado, Erick Fajardo, portavoz de Reyes Villa, dijo que el juicio tiene la única intención de frustrar la campaña en el exterior de Reyes Villa, que anunció una gira por Argentina y España. “Ésta es una decisión política, tal como lo habíamos advertido. Es consecuencia del asedio sostenido del Gobierno sobre la justicia, que finalmente se quebró y cedió al capricho del poder político”, manifestó.
El candidato a senador del PPB-CN en Santa Cruz, Germán Antelo, calificó de abusivo el fallo y criticó la determinación judicial a la que consideró política. “Se rebuscan las cosas para intentar hacer problemas a la gente, lo ven como un peligro y un enemigo al ver que sube en las encuestas y lo quieren tener, si es posible, entre rejas: pero eso no es lo que queremos los bolivianos", dijo Antelo.
En la Prefectura cochabambina festejaron el fallo judicial. “La decisión de la jueza Montaño ha sido oportuna, disponiendo el arraigo del ex prefecto Manfred Reyes Villa, por ser responsable de un daño económico al departamento”, declaró el asesor legal de la institución, Camilo Medina.
Consultado sobre el tema durante una reunión con gremialistas en Santa Cruz, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que el arraigo de Reyes Villa compete al ámbito judicial y declinó hacer mayores comentarios sobre el fallo.
En opinión de Fernando Cuéllar, presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, la medida cautelar no impide al candidato del PPB-CN seguir en campaña, pero es preocupante cómo el Gobierno intenta evitar que Reyes Villa inicie su operación electoral en el extranjero.
“El arraigo tiene la finalidad de garantizar la presencia del imputado en el juicio y el resarcimiento de daños civiles si los hubiera, pero creo que el fallo es un arma de doble filo para el MAS, porque mucha gente se dará cuenta de que su verdadera intención es frenar la carrera electoral de Reyes Villa”, indicó el jurista.
Los abogados del ex prefecto anunciaron que el dictamen será apelado en los plazos previstos “por existir serios indicios de ilegalidad y abuso desmedido de poder”.
Impulsará su popularidad
Carlos Cordero | Analista político
Si bien con el arraigo se va a complicar la campaña de Reyes Villa en términos de movilización, sin embargo se le va a dar un impulso a su popularidad y va a ratificar la imagen negativa que tiene el Gobierno en sentido de que está ‘judicializando’ la política y conculcando derechos ciudadanos.
Todo esto (el proceso) pudo haberse hecho hace cinco meses, pero ahora, en plena campaña, puede terminar por favorecer o aumentar la popularidad del binomio de oposición, por este tipo de ‘favores’ que alguna gente cree que le hace a la campaña del presidente Morales y que al final terminará por perjudicarla.
Esta situación puede capitalizar un mal negocio para el Gobierno y un buen negocio para los candidatos de oposición, porque genera en el ciudadano la percepción de que Manfred es una víctima de la persecución política, promovida por ciertos ‘aliados’ del MAS para perjudicar a los opositores.
Creo que, con el fallo, el Gobierno se está metiendo un autogol. El pueblo tiende a solidarizarse con las víctimas del abuso del poder. No olvidemos que, en 2002, Evo Morales fue ‘victimizado’ con la intervención del embajador de Estados Unidos y su desempeño electoral mejoró. Ahora, este mismo factor, mediante el fallo de la jueza, puede favorecer el desempeño electoral de Reyes Villa.
Con el arraigo, Manfred incluso puede declararse un perseguido político y el tema tendrá repercusión internacional. Quien sale peor parado con todo esto es el MAS.
PPB denuncia cinco ataques del oficialismo
El PPB-CN ampliará la demanda por agresión ejercitada contra su militancia en Cochabamba el domingo último, fundamentando ante el organismo electoral que en anteriores ocasiones este partido ya sufrió atropellos de la militancia oficialista y autoridades gubernamentales, anunció el vocero del partido, Erick Fajardo.
Para el portavoz, esto evitará que el Gobierno intente minimizar la trascendencia del ataque en Cochabamba, donde resultaron lesionadas 11 personas, entre ellas la hija del candidato, Ingrid Reyes Villa, y un menor, de cinco años, que sufrió fractura de tibia.
Según la denuncia, las agresiones comenzaron el 27 de agosto, cuando simpatizantes del MAS atacaron a seguidores de Manfred en Caracollo. El 7 de septiembre, un grupo de ponchos rojos agredió a la comitiva del candidato cuando llegó a inscribir su lista en la Corte Electoral.
El 13 de septiembre, Juan Carlos Choque y David Felipe, militantes de Acción Joven Orureña, agrupación aliada de Reyes Villa, fueron agredidos por funcionarios de la Prefectura de Oruro cuando pintaban paredes en apoyo al presidenciable opositor.
Finalmente, el 23 de octubre, masistas agredieron en las puertas de Palacio Quemado a Pilar Soria, esposa de Leopoldo Fernández./ANF
FUENTE : EL DEBER
http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-11-05/vernotaud.php?id=091104232245
miércoles, 4 de noviembre de 2009
Critican al Gobierno por no invitar a la OEA
Afirman que el oficialismo no quiere que se descubra la verdad sobre lo acontecido en el hotel Las Américas. Savina Cuéllar denuncia usurpación de funciones por parte del Ejecutivo nacional.
Santa Cruz, 04 de noviembre.- Para la Gobernación cruceña, la verdadera intención del Gobierno es evitar que se conozca la verdad sobre lo acontecido en el hotel Las Américas el 16 de abril, que terminó con la muerte de tres extranjeros, además de los atropellos y violaciones de derechos humanos dados en el país. La posición del ente se da, luego de que el oficialismo afirmara que no invitará formalmente a la Organización de Estados Americanos (OEA) para investigar estas denuncias.
Al respecto, Roly Aguilera, secretario General del Gobierno Departamental de Santa Cruz, criticó al presidente Evo Morales por estar “más preocupado en averiguar cómo se filtraron los videos que en dar a conocer la verdad de quiénes eran estas personas, quiénes los trajeron y con qué fines”. Por ello, ve conveniente que se realice una investigación internacional para que se realice una investigación transparente e imparcial.
En tal sentido, informó de que el ente regional gestionará para que llegue una invitación al organismo internacional. “El Gobierno está acorralado. Tenía una participación activa dentro de ese grupo. La investigación no deben hacerla títeres que llevan adelante la línea del Gobierno”, dijo.
A su vez, Savina Cuéllar, la prefecta de Chuquisaca, lamentó las persecuciones y los procesos a los que están siendo sometidos injustamente varios sucrenses. “No hay libertad, nuestros derechos están violados. Esto Gobierno usurpa funciones y por eso no tenemos libertada para defendernos”, sostuvo la autoridad.
Fuente : Direccion de Comunicacion y Prensa de la Prefectura de Santa Cruz
Santa Cruz, 04 de noviembre.- Para la Gobernación cruceña, la verdadera intención del Gobierno es evitar que se conozca la verdad sobre lo acontecido en el hotel Las Américas el 16 de abril, que terminó con la muerte de tres extranjeros, además de los atropellos y violaciones de derechos humanos dados en el país. La posición del ente se da, luego de que el oficialismo afirmara que no invitará formalmente a la Organización de Estados Americanos (OEA) para investigar estas denuncias.
Al respecto, Roly Aguilera, secretario General del Gobierno Departamental de Santa Cruz, criticó al presidente Evo Morales por estar “más preocupado en averiguar cómo se filtraron los videos que en dar a conocer la verdad de quiénes eran estas personas, quiénes los trajeron y con qué fines”. Por ello, ve conveniente que se realice una investigación internacional para que se realice una investigación transparente e imparcial.
En tal sentido, informó de que el ente regional gestionará para que llegue una invitación al organismo internacional. “El Gobierno está acorralado. Tenía una participación activa dentro de ese grupo. La investigación no deben hacerla títeres que llevan adelante la línea del Gobierno”, dijo.
A su vez, Savina Cuéllar, la prefecta de Chuquisaca, lamentó las persecuciones y los procesos a los que están siendo sometidos injustamente varios sucrenses. “No hay libertad, nuestros derechos están violados. Esto Gobierno usurpa funciones y por eso no tenemos libertada para defendernos”, sostuvo la autoridad.
Fuente : Direccion de Comunicacion y Prensa de la Prefectura de Santa Cruz
La Fiscalía descubre nueva coima en caso YPFB-Catler
Un intercambio de correos entre Santos Ramírez y Jorge O’Connor puso al descubierto otra posible coima de $us 2 millones a ex autoridades de YPFB de parte de la empresa Catler. Hay un senador suplente del Beni involucrado en el escándalo. La Fiscalía abrirá un nuevo proceso.
La Fiscalía descubrió otros 2 millones de dólares de presunta coima dada por el consorcio Catler a ex autoridades de YPFB, para adjudicarse un contrato de 86 millones de dólares, por lo que se abrirá un nuevo proceso contra los involucrados.
Este nuevo escándalo en el caso de corrupción en YPFB involucra a un senador suplente por el departamento del Beni, pero que por el momento se guarda en reserva su identidad para no entorpecer las investigaciones, indicó ANF.
De acuerdo a la página del Senado son senadores suplentes por el Beni, Roberto Yáñez y Rosario González (Podemos) y Fernando Romero (MNR).
"Hay dos compromisos identificados plenamente, el primero por un 1 millón 800 mil dólares, que firma el nexo de Santos Ramírez con la empresa Catler -Uniservice, es decir, el señor Javier Navia; hay otro compromiso por 2 millones de dólares que generaría la nueva investigación", dijo Edward Mollinedo, que encabeza el equipo de fiscales que investiga el caso.
Afirmó que esos otros 2 millones de dólares "sería otro compromiso" presuntamente irregular hecho por la empresa Catler para lograr la firma del contrato con YPFB, para construir una planta separada de licuables en Río Grande (53 kilómetros de Santa Cruz).
"Hemos tenido acceso a correos electrónicos que intercambiaron los involucrados (Santos Ramírez, Jorge O’Connor D’Arlach Taborga (asesinado en enero pasado) y otros funcionarios en otro compromiso que hace Catler-Uniservice para adjudicarse el contrato", dijo el fiscal.
Mollinedo denunció que a través del senador beniano, se buscaba asegurar la aprobación del contrato Catler – YPFB, y una prueba de ello se encuentra en los correos electrónicos donde figura el monto del dinero 2 millones de dólares para lograr la firma del contrato.
El caso de corrupción se destapó el 27 de enero pasado, cuando fue asesinado el representante de Catler, Jorge O’Connor, a quien le robaron 450 mil dólares, monto que supuestamente tenía como destinatario a Santos Ramírez.
El hecho ocurrió en la entrada de un pariente del ex presidente de YPFB, que fue despedido de su cargo y el 13 de febrero fue encarcelado en una prisión de La Paz, bajo sospecha de estar involucrado.
Ramírez también ha sido enjuiciado por la constitución irregular de SIPSA, una subsidiaria de YPFB, que actualmente se encuentra en proceso de disolución. SIPSA surgió de una empresa reparadora de garrafas y debía encargarse de la perforación petrolera en Campo Víbora, proyecto que se paralizó en enero tras el escándalo y que ha sido reactivado por YPFB Andina hace dos semanas / El Día y Agencias
Este nuevo escándalo en el caso de corrupción en YPFB involucra a un senador suplente por el departamento del Beni, pero que por el momento se guarda en reserva su identidad para no entorpecer las investigaciones, indicó ANF.
De acuerdo a la página del Senado son senadores suplentes por el Beni, Roberto Yáñez y Rosario González (Podemos) y Fernando Romero (MNR).
"Hay dos compromisos identificados plenamente, el primero por un 1 millón 800 mil dólares, que firma el nexo de Santos Ramírez con la empresa Catler -Uniservice, es decir, el señor Javier Navia; hay otro compromiso por 2 millones de dólares que generaría la nueva investigación", dijo Edward Mollinedo, que encabeza el equipo de fiscales que investiga el caso.
Afirmó que esos otros 2 millones de dólares "sería otro compromiso" presuntamente irregular hecho por la empresa Catler para lograr la firma del contrato con YPFB, para construir una planta separada de licuables en Río Grande (53 kilómetros de Santa Cruz).
"Hemos tenido acceso a correos electrónicos que intercambiaron los involucrados (Santos Ramírez, Jorge O’Connor D’Arlach Taborga (asesinado en enero pasado) y otros funcionarios en otro compromiso que hace Catler-Uniservice para adjudicarse el contrato", dijo el fiscal.
Mollinedo denunció que a través del senador beniano, se buscaba asegurar la aprobación del contrato Catler – YPFB, y una prueba de ello se encuentra en los correos electrónicos donde figura el monto del dinero 2 millones de dólares para lograr la firma del contrato.
El caso de corrupción se destapó el 27 de enero pasado, cuando fue asesinado el representante de Catler, Jorge O’Connor, a quien le robaron 450 mil dólares, monto que supuestamente tenía como destinatario a Santos Ramírez.
El hecho ocurrió en la entrada de un pariente del ex presidente de YPFB, que fue despedido de su cargo y el 13 de febrero fue encarcelado en una prisión de La Paz, bajo sospecha de estar involucrado.
Ramírez también ha sido enjuiciado por la constitución irregular de SIPSA, una subsidiaria de YPFB, que actualmente se encuentra en proceso de disolución. SIPSA surgió de una empresa reparadora de garrafas y debía encargarse de la perforación petrolera en Campo Víbora, proyecto que se paralizó en enero tras el escándalo y que ha sido reactivado por YPFB Andina hace dos semanas / El Día y Agencias
Datos energéticos
Mercados • La demanda de gas desde Argentina en octubre fue de 3,28 millones de metros cúbico día (mcd), una merma con respecto a los 5,71 millones de mcd en septiembre. En iguales periodos los envíos a Brasil crecieron de 20,69 millones de mcd a 22,51 millones,según el portal hidrocarburosbolivia.com. La oferta fue de 40,35 millones de mcd y los recortes en la producción alcanzaron los 6,76 millones de mcd, agrega esta web.
Gas domiciliario • YPFB pretende llegar a 80 mil conexiones de gas domiciliario en todo el país hasta fin de año para cumplir con sus objetivos, informaron ayer fuentes oficiales. El gerente Nacional de Redes, Óscar López, aseguró que hasta el momento se instalaron 42 mil nuevas conexiones y están en marcha 40 mil puntos más. Explicó también que del presupuesto de 62 millones de dólares ya se ejecutó el 62% y espera cerrar el año en 80%.
Gas domiciliario • YPFB pretende llegar a 80 mil conexiones de gas domiciliario en todo el país hasta fin de año para cumplir con sus objetivos, informaron ayer fuentes oficiales. El gerente Nacional de Redes, Óscar López, aseguró que hasta el momento se instalaron 42 mil nuevas conexiones y están en marcha 40 mil puntos más. Explicó también que del presupuesto de 62 millones de dólares ya se ejecutó el 62% y espera cerrar el año en 80%.
El prefecto de Oruro y Santos declaran hoy
La comisión de fiscales que investiga hechos de corrupción en YPFB indicó que hoy se presentarán a declarar en La Paz el prefecto de Oruro, Alberto Aguilar, y el destituido presidente de la empresa estatal, Santos Ramírez.
La Fiscalía indaga por qué se hizo en Oruro la protocolización del fideicomiso de 45 millones de dólares, para construcción de la planta en Río Grande, pese a que YPFB y el consorcio Catler no tienen su domicilio legal en dicha ciudad. Por este caso también será citado a declarar el ministro de Economía Luis Arce. El fideicomiso se protocolizó en agosto de 2008, un mes después de la firma del contrato. (ABI Y ED)
La Fiscalía indaga por qué se hizo en Oruro la protocolización del fideicomiso de 45 millones de dólares, para construcción de la planta en Río Grande, pese a que YPFB y el consorcio Catler no tienen su domicilio legal en dicha ciudad. Por este caso también será citado a declarar el ministro de Economía Luis Arce. El fideicomiso se protocolizó en agosto de 2008, un mes después de la firma del contrato. (ABI Y ED)
FUENTE:
http://www.ernestojustiniano.org/2009/11/la-fiscala-descubre-nueva-coima-en-caso-ypfb-catler/
Otra vez se avanza hacia una exagerada deuda externa
La política estatal tiende a reproducir la lógica tradicional del endeudamiento externo exagerado. El año pasado se hizo la contratación de deuda más alta, con más de 1.200 millones de dólares, el extremo anterior se dio el 2003 con menos de 900 millones de dólares. La iniciativa de contratar del Banco Mundial $us 10.000 millones para el Plan Nacional de Desarrollo quintuplicaría la actual deuda externa. Bolivia podría perder su acceso a créditos concesionales.
OPINIÓN. Pese a que el Estado boliviano ha obtenido, en los últimos años, los mayores ingresos económicos y ahorro por efecto de las ventas de gas natural, la política estatal tiende a reproducir la lógica tradicional del endeudamiento externo exagerado para financiar programas de desarrollo, advirtió la católica Fundación Jubileo.
La institución especializada en temas económicos se pregunta si continúa la cadena de la deuda externa para el país, al recordar que tras los ciclos de endeudamiento por los que se atravesó, la información acerca de la solicitud de millonarios créditos debería estar respaldada por una estrategia de financiamiento y un análisis de sostenibilidad de deuda.
La deuda externa, dice, ha sido constantemente una fuente de financiamiento muy importante, historia que se ha repetido en varios países de América Latina, cuya dependencia del financiamiento externo obligó a la región a ajustarse a las condiciones financieras y condicionalidades de los acreedores, a fin de acceder a los recursos en calidad de préstamo.
Las razones del endeudamiento en Bolivia han sido variadas, desde el financiamiento de gobiernos de dictadura destinados a gastos militares, construcción de carreteras y corredores, proyectos de inversión en diversos sectores, hasta el pago de gasto corriente para cubrir sueldos, salarios, consultorías y, entre los últimos créditos externos obtenidos, para el sector de hidrocarburos.
En el caso de Bolivia, condujo a niveles de sobreendeudamiento, extremo que obligó a acceder a la Iniciativa HIPC (Países Pobres Muy Endeudados) a partir de 1998 y a la Iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral (IADM) a partir del 2005, a raíz de la iniciativa del G-8, o grupo de países más ricos del mundo.
Según datos oficiales, la iniciativa HIPC I redujo en 788 millones de dólares la deuda externa. El HIPC II, redujo en 1.776 millones y luego la iniciativa “más allá del HIPC”, redujo la deuda en 628,8 millones de dólares. En total, en ese programa el país logró la reducción de 3.192,8 millones de dólares.
Pero, también se ejecutaron programas de alivio con el Banco Mundial por 1.504,1 millones, el Fondo Monetario Internacional por 232,5 millones, el Banco Interamericano de Desarrollo por 1.511,1 millones. En total, con esas instituciones financieras se redujo la deuda en 3.247,7 millones de dólares.
El informe resume que las iniciativas de alivio de la deuda externa a que se sometió Bolivia significaron una reducción de 6.440.5 millones de dólares.
“Se logró una condonación de aproximadamente $us 6.440 millones, sin considerar los recientes canjes de deuda.
Éste es un monto considerable, que redujo la deuda externa de su pico más alto alcanzado el 2003, con $us 5.142 millones, a $us 2.184 millones el 2007. Actualmente, la deuda externa tiene un saldo adeudado de $us 2.547 millones y un saldo por desembolsar de $us 2.161 millones”, dice Jubileo.
La deuda
inicia en 1971
La deuda externa evolucionó de 520 millones de dólares en 1971, cuando empieza el fenómeno, a 2.300 millones de dólares en 1979, subió a 4.300 millones en 1987, luego a 4.600 millones en 1997, y su extremo mayor el 2005 con 5.050 millones de dólares, para reducir a 2.547 millones de dólares en octubre último, como resultado de programas de alivio.
El principal efecto de este alivio se dio en la disminución del servicio de deuda que el país tenía como obligación cada año, que significó un flujo menor al que se hubiera realizado sin el alivio, proceso proyectado para culminar el año 2045.
Esta reducción en el servicio de la deuda, es canalizada directamente para reducir el déficit fiscal, reducir los niveles de deuda; y únicamente en el caso de un tramo (HIPC II), es distribuido a los gobiernos municipales y destinado también a cubrir ítemes en salud y educación, explica la organización católica.
El servicio o pago de la deuda externa ha significado para el país 300 millones de dólares anuales en 1995, más de 400 millones por año en 1997, para iniciar un descenso significativo a partir de 1998, cuando se ejecutan los programas de alivio.
Si no se hubiesen concretado esos programas, el año 2006 se debía pagar por deuda externa 550 millones de dólares, pero sólo se pagó 310 millones. El año 2007, debían pagarse 600 millones, pero sólo se pagaron 310 millones. El año pasado se pagaron menos de 300 millones anuales, según datos del Banco Central de Bolivia difundidos por la Fundación Jubileo.
Paradojas
La deuda pública, dice la institución experta en temas económicos, es generalmente un reflejo de la situación económica de un país. En los años en los que Bolivia presentó mayor déficit, los niveles de endeudamiento también alcanzaron cifras elevadas.
Sin embargo, el comportamiento de los últimos años es paradójico, porque a pesar de haber registrado superávit fiscal, se ha continuado contratando deuda. El año 2007, se contrató $us 998 millones y el 2008 $us 1205 millones (principalmente con Argentina, Venezuela y Brasil).
Para hacer una comparación, el año 2003, se registró uno de los montos hasta ese entonces más altos con $us 889 millones.
El hecho de contratar deuda –a pesar de tener superávit– se atribuye, en parte, a la distribución inconsistente de recursos y competencias entre los diferentes niveles de Gobierno, con grandes saldos sin ejecutar en las cuentas de diferentes niveles de Gobierno. Al mismo tiempo hay otras necesidades por cubrir a cargo del Tesoro General de la Nación y sin los recursos necesarios para hacerlo.
Necesidades
En cuanto a la identificación de las necesidades de desarrollo del país, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), al momento de su lanzamiento, fue un importante avance, como parte de una política de soberanía e independencia de las Instituciones Financieras Internacionales, dice Jubileo.
Explica que se trata de un plan de reducción de pobreza propio, sin metas impuestas (a diferencia de la denominada Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, enmarcada en los esquemas de los organismos internacionales. Éste es un Plan con objetivos más ambiciosos que los anhelados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Para completar este plan inicial, además de requerir el planteamiento de proyectos específicos y concretos para su implementación y el costeo de indicadores, era necesaria la elaboración de una estrategia de financiamiento a través de un Análisis de Sostenibilidad de Deuda; es decir, un análisis sobre la cantidad y calidad de financiamiento (monto y condiciones) requerido por el país para lograr las metas sociales y pagar esa deuda a futuro, sin afectar la sostenibilidad.
En la gestión 2006, se hizo un intento por realizar este análisis, pero no pasó de sólo una iniciativa inconclusa.
Se anunció, sin embargo, de manera oficial, que se requerirá de un financiamiento de diez mil millones de dólares para financiar el Programa Nacional de Desarrollo, lo que demuestra que “ni en un momento de bonanza económica se podría financiar, con recursos propios, una estrategia viable y sostenible de erradicación de la pobreza, y que, para ello, se necesitaría prácticamente quintuplicar el saldo de deuda externa actual”.
“Contratar $us 10.000 millones sería un monto histórico para Bolivia. Las informaciones en diversos medios de comunicación sobre la pretensión de solicitar un crédito de tal magnitud al Banco Mundial indicaría un nuevo acercamiento de Bolivia a las Instituciones de Bretton Woods (IBW), después de haber tomado la política de no suscribir un Programa con el Fondo Monetario Internacional desde el año 2006”.
Jubileo agrega que es muy probable que un crédito con el Banco Mundial requiera una evaluación a Bolivia, bajo el Marco de Análisis de Sostenibilidad de Deuda (DSF por sus siglas en inglés) que esas entidades utilizan; asimismo, las evaluaciones periódicas que realiza el FMI bajo el artículo IV serán también decisivas.
Condicionalidades
Se advierte que las organizaciones e instituciones de la sociedad civil y redes de deuda del mundo critican la falta de enfoque de desarrollo humano, en el marco de análisis DSF que usan las IBW, porque conlleva una mirada más financiera y económica, priorizando la capacidad de pago sobre los impactos que tengan los créditos en el desarrollo. En el marco de las reformas que estas instituciones están llevando a cabo actualmente, la eliminación de las condicionalidades e imposiciones también serían un tema por negociar, se indica.
De los acreedores que tuvo Bolivia, el Banco Mundial, bajo su línea de crédito concesional, es el prestamista que tiene las mejores condiciones financieras: menor tasa de interés, mayor período de gracia y mayor plazo de pago.
Sin embargo, a partir de las consecuencias de los alivios de deuda y la actual crisis sistémica (financiera, económica, climática, alimentaria), entre las instituciones financieras internacionales existe una menor disponibilidad de acceso a créditos concesionales, y la disponibilidad de recursos a través del FMI está orientada principalmente a cubrir déficit en balanza de pagos, caso que no correspondería al país.
Adicionalmente, Bolivia está cerca de “graduarse” de su condición de acceso a créditos concesionales porque cambia su estatus de país de ingreso bajo a país de ingreso medio por los niveles de PIB per cápita alcanzados en los últimos años, que es otro factor que nos cierra las puertas a los créditos concesionales.
La institución especializada en temas económicos se pregunta si continúa la cadena de la deuda externa para el país, al recordar que tras los ciclos de endeudamiento por los que se atravesó, la información acerca de la solicitud de millonarios créditos debería estar respaldada por una estrategia de financiamiento y un análisis de sostenibilidad de deuda.
La deuda externa, dice, ha sido constantemente una fuente de financiamiento muy importante, historia que se ha repetido en varios países de América Latina, cuya dependencia del financiamiento externo obligó a la región a ajustarse a las condiciones financieras y condicionalidades de los acreedores, a fin de acceder a los recursos en calidad de préstamo.
Las razones del endeudamiento en Bolivia han sido variadas, desde el financiamiento de gobiernos de dictadura destinados a gastos militares, construcción de carreteras y corredores, proyectos de inversión en diversos sectores, hasta el pago de gasto corriente para cubrir sueldos, salarios, consultorías y, entre los últimos créditos externos obtenidos, para el sector de hidrocarburos.
En el caso de Bolivia, condujo a niveles de sobreendeudamiento, extremo que obligó a acceder a la Iniciativa HIPC (Países Pobres Muy Endeudados) a partir de 1998 y a la Iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral (IADM) a partir del 2005, a raíz de la iniciativa del G-8, o grupo de países más ricos del mundo.
Según datos oficiales, la iniciativa HIPC I redujo en 788 millones de dólares la deuda externa. El HIPC II, redujo en 1.776 millones y luego la iniciativa “más allá del HIPC”, redujo la deuda en 628,8 millones de dólares. En total, en ese programa el país logró la reducción de 3.192,8 millones de dólares.
Pero, también se ejecutaron programas de alivio con el Banco Mundial por 1.504,1 millones, el Fondo Monetario Internacional por 232,5 millones, el Banco Interamericano de Desarrollo por 1.511,1 millones. En total, con esas instituciones financieras se redujo la deuda en 3.247,7 millones de dólares.
El informe resume que las iniciativas de alivio de la deuda externa a que se sometió Bolivia significaron una reducción de 6.440.5 millones de dólares.
“Se logró una condonación de aproximadamente $us 6.440 millones, sin considerar los recientes canjes de deuda.
Éste es un monto considerable, que redujo la deuda externa de su pico más alto alcanzado el 2003, con $us 5.142 millones, a $us 2.184 millones el 2007. Actualmente, la deuda externa tiene un saldo adeudado de $us 2.547 millones y un saldo por desembolsar de $us 2.161 millones”, dice Jubileo.
La deuda
inicia en 1971
La deuda externa evolucionó de 520 millones de dólares en 1971, cuando empieza el fenómeno, a 2.300 millones de dólares en 1979, subió a 4.300 millones en 1987, luego a 4.600 millones en 1997, y su extremo mayor el 2005 con 5.050 millones de dólares, para reducir a 2.547 millones de dólares en octubre último, como resultado de programas de alivio.
El principal efecto de este alivio se dio en la disminución del servicio de deuda que el país tenía como obligación cada año, que significó un flujo menor al que se hubiera realizado sin el alivio, proceso proyectado para culminar el año 2045.
Esta reducción en el servicio de la deuda, es canalizada directamente para reducir el déficit fiscal, reducir los niveles de deuda; y únicamente en el caso de un tramo (HIPC II), es distribuido a los gobiernos municipales y destinado también a cubrir ítemes en salud y educación, explica la organización católica.
El servicio o pago de la deuda externa ha significado para el país 300 millones de dólares anuales en 1995, más de 400 millones por año en 1997, para iniciar un descenso significativo a partir de 1998, cuando se ejecutan los programas de alivio.
Si no se hubiesen concretado esos programas, el año 2006 se debía pagar por deuda externa 550 millones de dólares, pero sólo se pagó 310 millones. El año 2007, debían pagarse 600 millones, pero sólo se pagaron 310 millones. El año pasado se pagaron menos de 300 millones anuales, según datos del Banco Central de Bolivia difundidos por la Fundación Jubileo.
Paradojas
La deuda pública, dice la institución experta en temas económicos, es generalmente un reflejo de la situación económica de un país. En los años en los que Bolivia presentó mayor déficit, los niveles de endeudamiento también alcanzaron cifras elevadas.
Sin embargo, el comportamiento de los últimos años es paradójico, porque a pesar de haber registrado superávit fiscal, se ha continuado contratando deuda. El año 2007, se contrató $us 998 millones y el 2008 $us 1205 millones (principalmente con Argentina, Venezuela y Brasil).
Para hacer una comparación, el año 2003, se registró uno de los montos hasta ese entonces más altos con $us 889 millones.
El hecho de contratar deuda –a pesar de tener superávit– se atribuye, en parte, a la distribución inconsistente de recursos y competencias entre los diferentes niveles de Gobierno, con grandes saldos sin ejecutar en las cuentas de diferentes niveles de Gobierno. Al mismo tiempo hay otras necesidades por cubrir a cargo del Tesoro General de la Nación y sin los recursos necesarios para hacerlo.
Necesidades
En cuanto a la identificación de las necesidades de desarrollo del país, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), al momento de su lanzamiento, fue un importante avance, como parte de una política de soberanía e independencia de las Instituciones Financieras Internacionales, dice Jubileo.
Explica que se trata de un plan de reducción de pobreza propio, sin metas impuestas (a diferencia de la denominada Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, enmarcada en los esquemas de los organismos internacionales. Éste es un Plan con objetivos más ambiciosos que los anhelados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Para completar este plan inicial, además de requerir el planteamiento de proyectos específicos y concretos para su implementación y el costeo de indicadores, era necesaria la elaboración de una estrategia de financiamiento a través de un Análisis de Sostenibilidad de Deuda; es decir, un análisis sobre la cantidad y calidad de financiamiento (monto y condiciones) requerido por el país para lograr las metas sociales y pagar esa deuda a futuro, sin afectar la sostenibilidad.
En la gestión 2006, se hizo un intento por realizar este análisis, pero no pasó de sólo una iniciativa inconclusa.
Se anunció, sin embargo, de manera oficial, que se requerirá de un financiamiento de diez mil millones de dólares para financiar el Programa Nacional de Desarrollo, lo que demuestra que “ni en un momento de bonanza económica se podría financiar, con recursos propios, una estrategia viable y sostenible de erradicación de la pobreza, y que, para ello, se necesitaría prácticamente quintuplicar el saldo de deuda externa actual”.
“Contratar $us 10.000 millones sería un monto histórico para Bolivia. Las informaciones en diversos medios de comunicación sobre la pretensión de solicitar un crédito de tal magnitud al Banco Mundial indicaría un nuevo acercamiento de Bolivia a las Instituciones de Bretton Woods (IBW), después de haber tomado la política de no suscribir un Programa con el Fondo Monetario Internacional desde el año 2006”.
Jubileo agrega que es muy probable que un crédito con el Banco Mundial requiera una evaluación a Bolivia, bajo el Marco de Análisis de Sostenibilidad de Deuda (DSF por sus siglas en inglés) que esas entidades utilizan; asimismo, las evaluaciones periódicas que realiza el FMI bajo el artículo IV serán también decisivas.
Condicionalidades
Se advierte que las organizaciones e instituciones de la sociedad civil y redes de deuda del mundo critican la falta de enfoque de desarrollo humano, en el marco de análisis DSF que usan las IBW, porque conlleva una mirada más financiera y económica, priorizando la capacidad de pago sobre los impactos que tengan los créditos en el desarrollo. En el marco de las reformas que estas instituciones están llevando a cabo actualmente, la eliminación de las condicionalidades e imposiciones también serían un tema por negociar, se indica.
De los acreedores que tuvo Bolivia, el Banco Mundial, bajo su línea de crédito concesional, es el prestamista que tiene las mejores condiciones financieras: menor tasa de interés, mayor período de gracia y mayor plazo de pago.
Sin embargo, a partir de las consecuencias de los alivios de deuda y la actual crisis sistémica (financiera, económica, climática, alimentaria), entre las instituciones financieras internacionales existe una menor disponibilidad de acceso a créditos concesionales, y la disponibilidad de recursos a través del FMI está orientada principalmente a cubrir déficit en balanza de pagos, caso que no correspondería al país.
Adicionalmente, Bolivia está cerca de “graduarse” de su condición de acceso a créditos concesionales porque cambia su estatus de país de ingreso bajo a país de ingreso medio por los niveles de PIB per cápita alcanzados en los últimos años, que es otro factor que nos cierra las puertas a los créditos concesionales.
FUENTE:
http://www.ernestojustiniano.org/2009/11/otra-vez-se-avanza-hacia-una-exagerada-deuda-externa/
El Mutún sigue parado y el país pierde millones
La demora de más de dos años en la producción y exportación de hierro del cerro Mutún ha provocado pérdidas al Estado boliviano de unos 10 millones de dólares anuales, según estimaciones de la Fundación Milenio.
El director de Milenio, Napoleón Pacheco, aclara que no se trata de cifras inamovibles y son apreciaciones de esta entidad, al indicar que el daño “ya es considerable”.
En su último informe semanal, Milenio detalla que el contrato se protocolizó el 26 de diciembre del 2007 y hasta ahora el Estado no ha recibido nada por parte de la Jindal, por concepto de Derechos de Explotación.
Milenio alerta que hay problemas hoy como la falta de infraestructura (carretera y barcazas), provisión de gas (8 millones de mcd o 20% de la actual producción de Bolivia) para la generación de electricidad, que pueden derivar en pedidos de modificación del contrato por parte de la firma india Jindal.
En efecto, la compañía plantea reducir de 1.500 millones a 812 millones de dólares el monto de inversión comprometido para los primeros cinco años del contrato.
Directivos de la Empresa Siderúrgica del Mutún, contraparte estatal en el proyecto, no están de acuerdo en que se disminuyan los montos de inversión.
El asesor de hidrocarburos de la Prefectura cruceña, José Padilla, está de acuerdo con Milenio en que hay retraso en el proyecto, pero considera que gran parte de la responsabilidad es del Estado y no de la firma privada.
El especialista apunta al respecto que recién en mayo de este año se entregó a Jindal la concesión de 6.000 hectáreas, por lo que el contrato tiene vigencia a partir de ese mes y no desde 2007. La internación de maquinarias y la obtención de permisos ambientales también demoran el proyecto.
el proyecto
Producción • Jindal ya acopió 100 mil toneladas de hierro en bruto, para producir concentrado de exportación hace falta instalar piletas para lavar el mineral.
Pérdidas • A un precio de $us 20 x tonelada, al Estado le corresponde $us 1,2 (4%), tomando en cuenta que el primer año se proyectaba vender 4 millones de toneladas de concentrado, entonces Bolivia ha perdido unos $us 4,8 millones, ejemplifica José Padilla.
FUENTE: EL DIA
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