Afirman que el oficialismo no quiere que se descubra la verdad sobre lo acontecido en el hotel Las Américas. Savina Cuéllar denuncia usurpación de funciones por parte del Ejecutivo nacional.
Santa Cruz, 04 de noviembre.- Para la Gobernación cruceña, la verdadera intención del Gobierno es evitar que se conozca la verdad sobre lo acontecido en el hotel Las Américas el 16 de abril, que terminó con la muerte de tres extranjeros, además de los atropellos y violaciones de derechos humanos dados en el país. La posición del ente se da, luego de que el oficialismo afirmara que no invitará formalmente a la Organización de Estados Americanos (OEA) para investigar estas denuncias.
Al respecto, Roly Aguilera, secretario General del Gobierno Departamental de Santa Cruz, criticó al presidente Evo Morales por estar “más preocupado en averiguar cómo se filtraron los videos que en dar a conocer la verdad de quiénes eran estas personas, quiénes los trajeron y con qué fines”. Por ello, ve conveniente que se realice una investigación internacional para que se realice una investigación transparente e imparcial.
En tal sentido, informó de que el ente regional gestionará para que llegue una invitación al organismo internacional. “El Gobierno está acorralado. Tenía una participación activa dentro de ese grupo. La investigación no deben hacerla títeres que llevan adelante la línea del Gobierno”, dijo.
A su vez, Savina Cuéllar, la prefecta de Chuquisaca, lamentó las persecuciones y los procesos a los que están siendo sometidos injustamente varios sucrenses. “No hay libertad, nuestros derechos están violados. Esto Gobierno usurpa funciones y por eso no tenemos libertada para defendernos”, sostuvo la autoridad.
Fuente : Direccion de Comunicacion y Prensa de la Prefectura de Santa Cruz
miércoles, 4 de noviembre de 2009
La Fiscalía descubre nueva coima en caso YPFB-Catler
Un intercambio de correos entre Santos Ramírez y Jorge O’Connor puso al descubierto otra posible coima de $us 2 millones a ex autoridades de YPFB de parte de la empresa Catler. Hay un senador suplente del Beni involucrado en el escándalo. La Fiscalía abrirá un nuevo proceso.
La Fiscalía descubrió otros 2 millones de dólares de presunta coima dada por el consorcio Catler a ex autoridades de YPFB, para adjudicarse un contrato de 86 millones de dólares, por lo que se abrirá un nuevo proceso contra los involucrados.
Este nuevo escándalo en el caso de corrupción en YPFB involucra a un senador suplente por el departamento del Beni, pero que por el momento se guarda en reserva su identidad para no entorpecer las investigaciones, indicó ANF.
De acuerdo a la página del Senado son senadores suplentes por el Beni, Roberto Yáñez y Rosario González (Podemos) y Fernando Romero (MNR).
"Hay dos compromisos identificados plenamente, el primero por un 1 millón 800 mil dólares, que firma el nexo de Santos Ramírez con la empresa Catler -Uniservice, es decir, el señor Javier Navia; hay otro compromiso por 2 millones de dólares que generaría la nueva investigación", dijo Edward Mollinedo, que encabeza el equipo de fiscales que investiga el caso.
Afirmó que esos otros 2 millones de dólares "sería otro compromiso" presuntamente irregular hecho por la empresa Catler para lograr la firma del contrato con YPFB, para construir una planta separada de licuables en Río Grande (53 kilómetros de Santa Cruz).
"Hemos tenido acceso a correos electrónicos que intercambiaron los involucrados (Santos Ramírez, Jorge O’Connor D’Arlach Taborga (asesinado en enero pasado) y otros funcionarios en otro compromiso que hace Catler-Uniservice para adjudicarse el contrato", dijo el fiscal.
Mollinedo denunció que a través del senador beniano, se buscaba asegurar la aprobación del contrato Catler – YPFB, y una prueba de ello se encuentra en los correos electrónicos donde figura el monto del dinero 2 millones de dólares para lograr la firma del contrato.
El caso de corrupción se destapó el 27 de enero pasado, cuando fue asesinado el representante de Catler, Jorge O’Connor, a quien le robaron 450 mil dólares, monto que supuestamente tenía como destinatario a Santos Ramírez.
El hecho ocurrió en la entrada de un pariente del ex presidente de YPFB, que fue despedido de su cargo y el 13 de febrero fue encarcelado en una prisión de La Paz, bajo sospecha de estar involucrado.
Ramírez también ha sido enjuiciado por la constitución irregular de SIPSA, una subsidiaria de YPFB, que actualmente se encuentra en proceso de disolución. SIPSA surgió de una empresa reparadora de garrafas y debía encargarse de la perforación petrolera en Campo Víbora, proyecto que se paralizó en enero tras el escándalo y que ha sido reactivado por YPFB Andina hace dos semanas / El Día y Agencias
Este nuevo escándalo en el caso de corrupción en YPFB involucra a un senador suplente por el departamento del Beni, pero que por el momento se guarda en reserva su identidad para no entorpecer las investigaciones, indicó ANF.
De acuerdo a la página del Senado son senadores suplentes por el Beni, Roberto Yáñez y Rosario González (Podemos) y Fernando Romero (MNR).
"Hay dos compromisos identificados plenamente, el primero por un 1 millón 800 mil dólares, que firma el nexo de Santos Ramírez con la empresa Catler -Uniservice, es decir, el señor Javier Navia; hay otro compromiso por 2 millones de dólares que generaría la nueva investigación", dijo Edward Mollinedo, que encabeza el equipo de fiscales que investiga el caso.
Afirmó que esos otros 2 millones de dólares "sería otro compromiso" presuntamente irregular hecho por la empresa Catler para lograr la firma del contrato con YPFB, para construir una planta separada de licuables en Río Grande (53 kilómetros de Santa Cruz).
"Hemos tenido acceso a correos electrónicos que intercambiaron los involucrados (Santos Ramírez, Jorge O’Connor D’Arlach Taborga (asesinado en enero pasado) y otros funcionarios en otro compromiso que hace Catler-Uniservice para adjudicarse el contrato", dijo el fiscal.
Mollinedo denunció que a través del senador beniano, se buscaba asegurar la aprobación del contrato Catler – YPFB, y una prueba de ello se encuentra en los correos electrónicos donde figura el monto del dinero 2 millones de dólares para lograr la firma del contrato.
El caso de corrupción se destapó el 27 de enero pasado, cuando fue asesinado el representante de Catler, Jorge O’Connor, a quien le robaron 450 mil dólares, monto que supuestamente tenía como destinatario a Santos Ramírez.
El hecho ocurrió en la entrada de un pariente del ex presidente de YPFB, que fue despedido de su cargo y el 13 de febrero fue encarcelado en una prisión de La Paz, bajo sospecha de estar involucrado.
Ramírez también ha sido enjuiciado por la constitución irregular de SIPSA, una subsidiaria de YPFB, que actualmente se encuentra en proceso de disolución. SIPSA surgió de una empresa reparadora de garrafas y debía encargarse de la perforación petrolera en Campo Víbora, proyecto que se paralizó en enero tras el escándalo y que ha sido reactivado por YPFB Andina hace dos semanas / El Día y Agencias
Datos energéticos
Mercados • La demanda de gas desde Argentina en octubre fue de 3,28 millones de metros cúbico día (mcd), una merma con respecto a los 5,71 millones de mcd en septiembre. En iguales periodos los envíos a Brasil crecieron de 20,69 millones de mcd a 22,51 millones,según el portal hidrocarburosbolivia.com. La oferta fue de 40,35 millones de mcd y los recortes en la producción alcanzaron los 6,76 millones de mcd, agrega esta web.
Gas domiciliario • YPFB pretende llegar a 80 mil conexiones de gas domiciliario en todo el país hasta fin de año para cumplir con sus objetivos, informaron ayer fuentes oficiales. El gerente Nacional de Redes, Óscar López, aseguró que hasta el momento se instalaron 42 mil nuevas conexiones y están en marcha 40 mil puntos más. Explicó también que del presupuesto de 62 millones de dólares ya se ejecutó el 62% y espera cerrar el año en 80%.
Gas domiciliario • YPFB pretende llegar a 80 mil conexiones de gas domiciliario en todo el país hasta fin de año para cumplir con sus objetivos, informaron ayer fuentes oficiales. El gerente Nacional de Redes, Óscar López, aseguró que hasta el momento se instalaron 42 mil nuevas conexiones y están en marcha 40 mil puntos más. Explicó también que del presupuesto de 62 millones de dólares ya se ejecutó el 62% y espera cerrar el año en 80%.
El prefecto de Oruro y Santos declaran hoy
La comisión de fiscales que investiga hechos de corrupción en YPFB indicó que hoy se presentarán a declarar en La Paz el prefecto de Oruro, Alberto Aguilar, y el destituido presidente de la empresa estatal, Santos Ramírez.
La Fiscalía indaga por qué se hizo en Oruro la protocolización del fideicomiso de 45 millones de dólares, para construcción de la planta en Río Grande, pese a que YPFB y el consorcio Catler no tienen su domicilio legal en dicha ciudad. Por este caso también será citado a declarar el ministro de Economía Luis Arce. El fideicomiso se protocolizó en agosto de 2008, un mes después de la firma del contrato. (ABI Y ED)
La Fiscalía indaga por qué se hizo en Oruro la protocolización del fideicomiso de 45 millones de dólares, para construcción de la planta en Río Grande, pese a que YPFB y el consorcio Catler no tienen su domicilio legal en dicha ciudad. Por este caso también será citado a declarar el ministro de Economía Luis Arce. El fideicomiso se protocolizó en agosto de 2008, un mes después de la firma del contrato. (ABI Y ED)
FUENTE:
http://www.ernestojustiniano.org/2009/11/la-fiscala-descubre-nueva-coima-en-caso-ypfb-catler/
Otra vez se avanza hacia una exagerada deuda externa
La política estatal tiende a reproducir la lógica tradicional del endeudamiento externo exagerado. El año pasado se hizo la contratación de deuda más alta, con más de 1.200 millones de dólares, el extremo anterior se dio el 2003 con menos de 900 millones de dólares. La iniciativa de contratar del Banco Mundial $us 10.000 millones para el Plan Nacional de Desarrollo quintuplicaría la actual deuda externa. Bolivia podría perder su acceso a créditos concesionales.
OPINIÓN. Pese a que el Estado boliviano ha obtenido, en los últimos años, los mayores ingresos económicos y ahorro por efecto de las ventas de gas natural, la política estatal tiende a reproducir la lógica tradicional del endeudamiento externo exagerado para financiar programas de desarrollo, advirtió la católica Fundación Jubileo.
La institución especializada en temas económicos se pregunta si continúa la cadena de la deuda externa para el país, al recordar que tras los ciclos de endeudamiento por los que se atravesó, la información acerca de la solicitud de millonarios créditos debería estar respaldada por una estrategia de financiamiento y un análisis de sostenibilidad de deuda.
La deuda externa, dice, ha sido constantemente una fuente de financiamiento muy importante, historia que se ha repetido en varios países de América Latina, cuya dependencia del financiamiento externo obligó a la región a ajustarse a las condiciones financieras y condicionalidades de los acreedores, a fin de acceder a los recursos en calidad de préstamo.
Las razones del endeudamiento en Bolivia han sido variadas, desde el financiamiento de gobiernos de dictadura destinados a gastos militares, construcción de carreteras y corredores, proyectos de inversión en diversos sectores, hasta el pago de gasto corriente para cubrir sueldos, salarios, consultorías y, entre los últimos créditos externos obtenidos, para el sector de hidrocarburos.
En el caso de Bolivia, condujo a niveles de sobreendeudamiento, extremo que obligó a acceder a la Iniciativa HIPC (Países Pobres Muy Endeudados) a partir de 1998 y a la Iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral (IADM) a partir del 2005, a raíz de la iniciativa del G-8, o grupo de países más ricos del mundo.
Según datos oficiales, la iniciativa HIPC I redujo en 788 millones de dólares la deuda externa. El HIPC II, redujo en 1.776 millones y luego la iniciativa “más allá del HIPC”, redujo la deuda en 628,8 millones de dólares. En total, en ese programa el país logró la reducción de 3.192,8 millones de dólares.
Pero, también se ejecutaron programas de alivio con el Banco Mundial por 1.504,1 millones, el Fondo Monetario Internacional por 232,5 millones, el Banco Interamericano de Desarrollo por 1.511,1 millones. En total, con esas instituciones financieras se redujo la deuda en 3.247,7 millones de dólares.
El informe resume que las iniciativas de alivio de la deuda externa a que se sometió Bolivia significaron una reducción de 6.440.5 millones de dólares.
“Se logró una condonación de aproximadamente $us 6.440 millones, sin considerar los recientes canjes de deuda.
Éste es un monto considerable, que redujo la deuda externa de su pico más alto alcanzado el 2003, con $us 5.142 millones, a $us 2.184 millones el 2007. Actualmente, la deuda externa tiene un saldo adeudado de $us 2.547 millones y un saldo por desembolsar de $us 2.161 millones”, dice Jubileo.
La deuda
inicia en 1971
La deuda externa evolucionó de 520 millones de dólares en 1971, cuando empieza el fenómeno, a 2.300 millones de dólares en 1979, subió a 4.300 millones en 1987, luego a 4.600 millones en 1997, y su extremo mayor el 2005 con 5.050 millones de dólares, para reducir a 2.547 millones de dólares en octubre último, como resultado de programas de alivio.
El principal efecto de este alivio se dio en la disminución del servicio de deuda que el país tenía como obligación cada año, que significó un flujo menor al que se hubiera realizado sin el alivio, proceso proyectado para culminar el año 2045.
Esta reducción en el servicio de la deuda, es canalizada directamente para reducir el déficit fiscal, reducir los niveles de deuda; y únicamente en el caso de un tramo (HIPC II), es distribuido a los gobiernos municipales y destinado también a cubrir ítemes en salud y educación, explica la organización católica.
El servicio o pago de la deuda externa ha significado para el país 300 millones de dólares anuales en 1995, más de 400 millones por año en 1997, para iniciar un descenso significativo a partir de 1998, cuando se ejecutan los programas de alivio.
Si no se hubiesen concretado esos programas, el año 2006 se debía pagar por deuda externa 550 millones de dólares, pero sólo se pagó 310 millones. El año 2007, debían pagarse 600 millones, pero sólo se pagaron 310 millones. El año pasado se pagaron menos de 300 millones anuales, según datos del Banco Central de Bolivia difundidos por la Fundación Jubileo.
Paradojas
La deuda pública, dice la institución experta en temas económicos, es generalmente un reflejo de la situación económica de un país. En los años en los que Bolivia presentó mayor déficit, los niveles de endeudamiento también alcanzaron cifras elevadas.
Sin embargo, el comportamiento de los últimos años es paradójico, porque a pesar de haber registrado superávit fiscal, se ha continuado contratando deuda. El año 2007, se contrató $us 998 millones y el 2008 $us 1205 millones (principalmente con Argentina, Venezuela y Brasil).
Para hacer una comparación, el año 2003, se registró uno de los montos hasta ese entonces más altos con $us 889 millones.
El hecho de contratar deuda –a pesar de tener superávit– se atribuye, en parte, a la distribución inconsistente de recursos y competencias entre los diferentes niveles de Gobierno, con grandes saldos sin ejecutar en las cuentas de diferentes niveles de Gobierno. Al mismo tiempo hay otras necesidades por cubrir a cargo del Tesoro General de la Nación y sin los recursos necesarios para hacerlo.
Necesidades
En cuanto a la identificación de las necesidades de desarrollo del país, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), al momento de su lanzamiento, fue un importante avance, como parte de una política de soberanía e independencia de las Instituciones Financieras Internacionales, dice Jubileo.
Explica que se trata de un plan de reducción de pobreza propio, sin metas impuestas (a diferencia de la denominada Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, enmarcada en los esquemas de los organismos internacionales. Éste es un Plan con objetivos más ambiciosos que los anhelados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Para completar este plan inicial, además de requerir el planteamiento de proyectos específicos y concretos para su implementación y el costeo de indicadores, era necesaria la elaboración de una estrategia de financiamiento a través de un Análisis de Sostenibilidad de Deuda; es decir, un análisis sobre la cantidad y calidad de financiamiento (monto y condiciones) requerido por el país para lograr las metas sociales y pagar esa deuda a futuro, sin afectar la sostenibilidad.
En la gestión 2006, se hizo un intento por realizar este análisis, pero no pasó de sólo una iniciativa inconclusa.
Se anunció, sin embargo, de manera oficial, que se requerirá de un financiamiento de diez mil millones de dólares para financiar el Programa Nacional de Desarrollo, lo que demuestra que “ni en un momento de bonanza económica se podría financiar, con recursos propios, una estrategia viable y sostenible de erradicación de la pobreza, y que, para ello, se necesitaría prácticamente quintuplicar el saldo de deuda externa actual”.
“Contratar $us 10.000 millones sería un monto histórico para Bolivia. Las informaciones en diversos medios de comunicación sobre la pretensión de solicitar un crédito de tal magnitud al Banco Mundial indicaría un nuevo acercamiento de Bolivia a las Instituciones de Bretton Woods (IBW), después de haber tomado la política de no suscribir un Programa con el Fondo Monetario Internacional desde el año 2006”.
Jubileo agrega que es muy probable que un crédito con el Banco Mundial requiera una evaluación a Bolivia, bajo el Marco de Análisis de Sostenibilidad de Deuda (DSF por sus siglas en inglés) que esas entidades utilizan; asimismo, las evaluaciones periódicas que realiza el FMI bajo el artículo IV serán también decisivas.
Condicionalidades
Se advierte que las organizaciones e instituciones de la sociedad civil y redes de deuda del mundo critican la falta de enfoque de desarrollo humano, en el marco de análisis DSF que usan las IBW, porque conlleva una mirada más financiera y económica, priorizando la capacidad de pago sobre los impactos que tengan los créditos en el desarrollo. En el marco de las reformas que estas instituciones están llevando a cabo actualmente, la eliminación de las condicionalidades e imposiciones también serían un tema por negociar, se indica.
De los acreedores que tuvo Bolivia, el Banco Mundial, bajo su línea de crédito concesional, es el prestamista que tiene las mejores condiciones financieras: menor tasa de interés, mayor período de gracia y mayor plazo de pago.
Sin embargo, a partir de las consecuencias de los alivios de deuda y la actual crisis sistémica (financiera, económica, climática, alimentaria), entre las instituciones financieras internacionales existe una menor disponibilidad de acceso a créditos concesionales, y la disponibilidad de recursos a través del FMI está orientada principalmente a cubrir déficit en balanza de pagos, caso que no correspondería al país.
Adicionalmente, Bolivia está cerca de “graduarse” de su condición de acceso a créditos concesionales porque cambia su estatus de país de ingreso bajo a país de ingreso medio por los niveles de PIB per cápita alcanzados en los últimos años, que es otro factor que nos cierra las puertas a los créditos concesionales.
La institución especializada en temas económicos se pregunta si continúa la cadena de la deuda externa para el país, al recordar que tras los ciclos de endeudamiento por los que se atravesó, la información acerca de la solicitud de millonarios créditos debería estar respaldada por una estrategia de financiamiento y un análisis de sostenibilidad de deuda.
La deuda externa, dice, ha sido constantemente una fuente de financiamiento muy importante, historia que se ha repetido en varios países de América Latina, cuya dependencia del financiamiento externo obligó a la región a ajustarse a las condiciones financieras y condicionalidades de los acreedores, a fin de acceder a los recursos en calidad de préstamo.
Las razones del endeudamiento en Bolivia han sido variadas, desde el financiamiento de gobiernos de dictadura destinados a gastos militares, construcción de carreteras y corredores, proyectos de inversión en diversos sectores, hasta el pago de gasto corriente para cubrir sueldos, salarios, consultorías y, entre los últimos créditos externos obtenidos, para el sector de hidrocarburos.
En el caso de Bolivia, condujo a niveles de sobreendeudamiento, extremo que obligó a acceder a la Iniciativa HIPC (Países Pobres Muy Endeudados) a partir de 1998 y a la Iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral (IADM) a partir del 2005, a raíz de la iniciativa del G-8, o grupo de países más ricos del mundo.
Según datos oficiales, la iniciativa HIPC I redujo en 788 millones de dólares la deuda externa. El HIPC II, redujo en 1.776 millones y luego la iniciativa “más allá del HIPC”, redujo la deuda en 628,8 millones de dólares. En total, en ese programa el país logró la reducción de 3.192,8 millones de dólares.
Pero, también se ejecutaron programas de alivio con el Banco Mundial por 1.504,1 millones, el Fondo Monetario Internacional por 232,5 millones, el Banco Interamericano de Desarrollo por 1.511,1 millones. En total, con esas instituciones financieras se redujo la deuda en 3.247,7 millones de dólares.
El informe resume que las iniciativas de alivio de la deuda externa a que se sometió Bolivia significaron una reducción de 6.440.5 millones de dólares.
“Se logró una condonación de aproximadamente $us 6.440 millones, sin considerar los recientes canjes de deuda.
Éste es un monto considerable, que redujo la deuda externa de su pico más alto alcanzado el 2003, con $us 5.142 millones, a $us 2.184 millones el 2007. Actualmente, la deuda externa tiene un saldo adeudado de $us 2.547 millones y un saldo por desembolsar de $us 2.161 millones”, dice Jubileo.
La deuda
inicia en 1971
La deuda externa evolucionó de 520 millones de dólares en 1971, cuando empieza el fenómeno, a 2.300 millones de dólares en 1979, subió a 4.300 millones en 1987, luego a 4.600 millones en 1997, y su extremo mayor el 2005 con 5.050 millones de dólares, para reducir a 2.547 millones de dólares en octubre último, como resultado de programas de alivio.
El principal efecto de este alivio se dio en la disminución del servicio de deuda que el país tenía como obligación cada año, que significó un flujo menor al que se hubiera realizado sin el alivio, proceso proyectado para culminar el año 2045.
Esta reducción en el servicio de la deuda, es canalizada directamente para reducir el déficit fiscal, reducir los niveles de deuda; y únicamente en el caso de un tramo (HIPC II), es distribuido a los gobiernos municipales y destinado también a cubrir ítemes en salud y educación, explica la organización católica.
El servicio o pago de la deuda externa ha significado para el país 300 millones de dólares anuales en 1995, más de 400 millones por año en 1997, para iniciar un descenso significativo a partir de 1998, cuando se ejecutan los programas de alivio.
Si no se hubiesen concretado esos programas, el año 2006 se debía pagar por deuda externa 550 millones de dólares, pero sólo se pagó 310 millones. El año 2007, debían pagarse 600 millones, pero sólo se pagaron 310 millones. El año pasado se pagaron menos de 300 millones anuales, según datos del Banco Central de Bolivia difundidos por la Fundación Jubileo.
Paradojas
La deuda pública, dice la institución experta en temas económicos, es generalmente un reflejo de la situación económica de un país. En los años en los que Bolivia presentó mayor déficit, los niveles de endeudamiento también alcanzaron cifras elevadas.
Sin embargo, el comportamiento de los últimos años es paradójico, porque a pesar de haber registrado superávit fiscal, se ha continuado contratando deuda. El año 2007, se contrató $us 998 millones y el 2008 $us 1205 millones (principalmente con Argentina, Venezuela y Brasil).
Para hacer una comparación, el año 2003, se registró uno de los montos hasta ese entonces más altos con $us 889 millones.
El hecho de contratar deuda –a pesar de tener superávit– se atribuye, en parte, a la distribución inconsistente de recursos y competencias entre los diferentes niveles de Gobierno, con grandes saldos sin ejecutar en las cuentas de diferentes niveles de Gobierno. Al mismo tiempo hay otras necesidades por cubrir a cargo del Tesoro General de la Nación y sin los recursos necesarios para hacerlo.
Necesidades
En cuanto a la identificación de las necesidades de desarrollo del país, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), al momento de su lanzamiento, fue un importante avance, como parte de una política de soberanía e independencia de las Instituciones Financieras Internacionales, dice Jubileo.
Explica que se trata de un plan de reducción de pobreza propio, sin metas impuestas (a diferencia de la denominada Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, enmarcada en los esquemas de los organismos internacionales. Éste es un Plan con objetivos más ambiciosos que los anhelados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Para completar este plan inicial, además de requerir el planteamiento de proyectos específicos y concretos para su implementación y el costeo de indicadores, era necesaria la elaboración de una estrategia de financiamiento a través de un Análisis de Sostenibilidad de Deuda; es decir, un análisis sobre la cantidad y calidad de financiamiento (monto y condiciones) requerido por el país para lograr las metas sociales y pagar esa deuda a futuro, sin afectar la sostenibilidad.
En la gestión 2006, se hizo un intento por realizar este análisis, pero no pasó de sólo una iniciativa inconclusa.
Se anunció, sin embargo, de manera oficial, que se requerirá de un financiamiento de diez mil millones de dólares para financiar el Programa Nacional de Desarrollo, lo que demuestra que “ni en un momento de bonanza económica se podría financiar, con recursos propios, una estrategia viable y sostenible de erradicación de la pobreza, y que, para ello, se necesitaría prácticamente quintuplicar el saldo de deuda externa actual”.
“Contratar $us 10.000 millones sería un monto histórico para Bolivia. Las informaciones en diversos medios de comunicación sobre la pretensión de solicitar un crédito de tal magnitud al Banco Mundial indicaría un nuevo acercamiento de Bolivia a las Instituciones de Bretton Woods (IBW), después de haber tomado la política de no suscribir un Programa con el Fondo Monetario Internacional desde el año 2006”.
Jubileo agrega que es muy probable que un crédito con el Banco Mundial requiera una evaluación a Bolivia, bajo el Marco de Análisis de Sostenibilidad de Deuda (DSF por sus siglas en inglés) que esas entidades utilizan; asimismo, las evaluaciones periódicas que realiza el FMI bajo el artículo IV serán también decisivas.
Condicionalidades
Se advierte que las organizaciones e instituciones de la sociedad civil y redes de deuda del mundo critican la falta de enfoque de desarrollo humano, en el marco de análisis DSF que usan las IBW, porque conlleva una mirada más financiera y económica, priorizando la capacidad de pago sobre los impactos que tengan los créditos en el desarrollo. En el marco de las reformas que estas instituciones están llevando a cabo actualmente, la eliminación de las condicionalidades e imposiciones también serían un tema por negociar, se indica.
De los acreedores que tuvo Bolivia, el Banco Mundial, bajo su línea de crédito concesional, es el prestamista que tiene las mejores condiciones financieras: menor tasa de interés, mayor período de gracia y mayor plazo de pago.
Sin embargo, a partir de las consecuencias de los alivios de deuda y la actual crisis sistémica (financiera, económica, climática, alimentaria), entre las instituciones financieras internacionales existe una menor disponibilidad de acceso a créditos concesionales, y la disponibilidad de recursos a través del FMI está orientada principalmente a cubrir déficit en balanza de pagos, caso que no correspondería al país.
Adicionalmente, Bolivia está cerca de “graduarse” de su condición de acceso a créditos concesionales porque cambia su estatus de país de ingreso bajo a país de ingreso medio por los niveles de PIB per cápita alcanzados en los últimos años, que es otro factor que nos cierra las puertas a los créditos concesionales.
FUENTE:
http://www.ernestojustiniano.org/2009/11/otra-vez-se-avanza-hacia-una-exagerada-deuda-externa/
El Mutún sigue parado y el país pierde millones
La demora de más de dos años en la producción y exportación de hierro del cerro Mutún ha provocado pérdidas al Estado boliviano de unos 10 millones de dólares anuales, según estimaciones de la Fundación Milenio.
El director de Milenio, Napoleón Pacheco, aclara que no se trata de cifras inamovibles y son apreciaciones de esta entidad, al indicar que el daño “ya es considerable”.
En su último informe semanal, Milenio detalla que el contrato se protocolizó el 26 de diciembre del 2007 y hasta ahora el Estado no ha recibido nada por parte de la Jindal, por concepto de Derechos de Explotación.
Milenio alerta que hay problemas hoy como la falta de infraestructura (carretera y barcazas), provisión de gas (8 millones de mcd o 20% de la actual producción de Bolivia) para la generación de electricidad, que pueden derivar en pedidos de modificación del contrato por parte de la firma india Jindal.
En efecto, la compañía plantea reducir de 1.500 millones a 812 millones de dólares el monto de inversión comprometido para los primeros cinco años del contrato.
Directivos de la Empresa Siderúrgica del Mutún, contraparte estatal en el proyecto, no están de acuerdo en que se disminuyan los montos de inversión.
El asesor de hidrocarburos de la Prefectura cruceña, José Padilla, está de acuerdo con Milenio en que hay retraso en el proyecto, pero considera que gran parte de la responsabilidad es del Estado y no de la firma privada.
El especialista apunta al respecto que recién en mayo de este año se entregó a Jindal la concesión de 6.000 hectáreas, por lo que el contrato tiene vigencia a partir de ese mes y no desde 2007. La internación de maquinarias y la obtención de permisos ambientales también demoran el proyecto.
el proyecto
Producción • Jindal ya acopió 100 mil toneladas de hierro en bruto, para producir concentrado de exportación hace falta instalar piletas para lavar el mineral.
Pérdidas • A un precio de $us 20 x tonelada, al Estado le corresponde $us 1,2 (4%), tomando en cuenta que el primer año se proyectaba vender 4 millones de toneladas de concentrado, entonces Bolivia ha perdido unos $us 4,8 millones, ejemplifica José Padilla.
FUENTE: EL DIA
Gobierno no transparenta información económica
Los últimos datos sobre la ejecución del presupuesto de inversión pública, publicados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, datan del tercer trimestre del 2008. Asimismo, el INE aún no difundió las cifras de las exportaciones a septiembre, cuando en años anteriores, éstas se conocían a mediados de octubre.
Así lo refleja el portal web del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (www.vipfe.gov.bo), donde los cuadros relacionados al presupuesto programado y al ejecutado por las prefecturas, alcaldías y Gobierno central corresponden a septiembre del año pasado.
“Hay un problemita allí, están todavía reinstalando el sistema, la página web, y ya va a salir en estos días (la información)”, afirmó este martes el titular de Planificación, Noel Aguirre.
Indicó que la ejecución presupuestaria “hasta hace como 15 días estaba alrededor del 50%”. Pero no dio detalles de lo ejecutado a la fecha por entidades estratégicas como YPFB y la ABC. “De memoria no les puedo mencionar, vamos a hacer una conferencia específica para el tema”, dijo el ministro Aguirre.
Por otro lado, el último boletín estadístico sobre comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística (INE) —publicado en su sitio web (www.ine.gov.bo)— es el que corresponde a agosto.
El 2005, el reporte de septiembre se publicó el 25 de octubre de ese año, mientras que el 2006 la información se divulgó el 16 de octubre. El 2007 y el 2008, los datos fueron difundidos el 15 y el 17 de octubre, respectivamente.
Al respecto, Aguirre señaló que “vamos a hacer una conferencia de prensa específica sobre eso; es mejor trabajar con datos concretos (de exportaciones)”.
Empresarios del rubro exportador, que pidieron mantener su nombre en reserva, aseguraron a La Razón que restricciones que vienen del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas les impiden acceder a la información actual manejada por el INE.
“El Gobierno sabe que las exportaciones continúan cayendo y por eso no brindan información”, sostuvo uno de ellos.
Otro recordó que las ventas externas del país cayeron en $us 1.100 millones en los primeros siete meses del año y que una “simple proyección en línea” señala que hasta fines del 2009 descenderán en $us 1.800 millones.
Suxo demanda transparencia
La ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, pidió a los ministerios actualizar la información de sus sitios web.
“En algunos casos hemos encontrado que las páginas web de los ministerios están totalmente retrasadas de información, incluso con información de hace años”, dijo la autoridad, durante el seminario “Transparencia y acceso a la información”, realizado el 15 de octubre.
Entonces, la ministra expresó también que “es obligación de los servidores públicos” proporcionar la información que es requerida por los periodistas. “No tienen por qué negarse”, afirmó.
Asimismo, anunció que el Gobierno trabaja en una norma para que las empresas petroleras y mineras que operan en Bolivia brinden información acerca de sus operaciones.
FUENTE: LA RAZON
http://www.la-razon.com/versiones/20091104_006901/nota_248_904499.htm
Comandante de ex UTARC fue investigado por una muerte
El capitán Wálter Andrade, ex comandante de la disuelta Unidad Táctica de Apoyo y Resolución de Crisis (UTARC), fue investigado y recluido en el penal de Arocagua, Sacaba, acusado de la muerte de su camarada y supuesta pareja sentimental Mercy Valencia Marca.
Una publicación del diario Los Tiempos del 18 de diciembre de 1998 revela que el fallecimiento de la subteniente ocurrió el 3 de diciembre de aquel año cuando se encontraba en compañía de Andrade, con quien había ingerido bebidas alcohólicas poco antes de fallecer en un confuso hecho.
Andrade permaneció recluido entre diciembre de 1998 y marzo de 1999, cuando fue dejado en libertad y, posteriormente, sobreseído por un juez.
Procede el sobreseimiento cuando el hecho no existió, si no fue delito o cuando el imputado no participó en él o si las pruebas no son suficientes para demostrar la culpabilidad del sospechoso.
Las investigaciones no concluyeron porque nunca se tipificó un delito.
De acuerdo con la denuncia de familiares de la víctima, el entonces subteniente Andrade formaba parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en cuyas filas realizaba tareas de inteligencia y operaciones especiales.
Entonces, el fiscal Víctor Hugo López denunció presiones de la FELCN y estableció que la fallecida fue asesinada.
El comandante de la Policía Nacional, Víctor Hugo Escóbar, en una misa hace dos semanas, dijo que fue un “caso personal”.
Andrade sostuvo que se trató de un suicidio, pero según la versión del fiscal, dentro del automóvil de Andrade, donde murió la oficial, se encontraron dos impactos de bala y dos casquillos de nueve milímetros, y nadie se suicida con dos tiros.
Detalles del hecho
EL CAPITÁN Wálter Andrade fue protagonista de un hecho de sangre el 3 de diciembre de 1998, al ser parte, presuntamente, de un triángulo amoroso y fue recluido preventivamente en la cárcel de Arocagua.
EL FISCAL Víctor Hugo López presentó un requerimiento para que el entonces subteniente Wálter Andrade fuese procesado como principal sospechoso de asesinato.
ESTE CASO no influyó en la carrera policial del sospechoso porque era “un delito privado” y prosiguió su carrera profesional hasta formar parte de la Dirección Nacional de Inteligencia.
EL 27 DE ABRIL DE 2009, Andrade reveló en un informe oficial que, tras hacer seguimiento al supuesto grupo terrorista liderado por el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores, dirigió el operativo para desarticularlo la madrugada del 16 de abril, en el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz.
FUENTE: LA PRENSA
http://www.laprensa.com.bo/noticias/04-11-09/noticias.php?nota=04_11_09_segu2.php
Una publicación del diario Los Tiempos del 18 de diciembre de 1998 revela que el fallecimiento de la subteniente ocurrió el 3 de diciembre de aquel año cuando se encontraba en compañía de Andrade, con quien había ingerido bebidas alcohólicas poco antes de fallecer en un confuso hecho.
Andrade permaneció recluido entre diciembre de 1998 y marzo de 1999, cuando fue dejado en libertad y, posteriormente, sobreseído por un juez.
Procede el sobreseimiento cuando el hecho no existió, si no fue delito o cuando el imputado no participó en él o si las pruebas no son suficientes para demostrar la culpabilidad del sospechoso.
Las investigaciones no concluyeron porque nunca se tipificó un delito.
De acuerdo con la denuncia de familiares de la víctima, el entonces subteniente Andrade formaba parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en cuyas filas realizaba tareas de inteligencia y operaciones especiales.
Entonces, el fiscal Víctor Hugo López denunció presiones de la FELCN y estableció que la fallecida fue asesinada.
El comandante de la Policía Nacional, Víctor Hugo Escóbar, en una misa hace dos semanas, dijo que fue un “caso personal”.
Andrade sostuvo que se trató de un suicidio, pero según la versión del fiscal, dentro del automóvil de Andrade, donde murió la oficial, se encontraron dos impactos de bala y dos casquillos de nueve milímetros, y nadie se suicida con dos tiros.
Detalles del hecho
EL CAPITÁN Wálter Andrade fue protagonista de un hecho de sangre el 3 de diciembre de 1998, al ser parte, presuntamente, de un triángulo amoroso y fue recluido preventivamente en la cárcel de Arocagua.
EL FISCAL Víctor Hugo López presentó un requerimiento para que el entonces subteniente Wálter Andrade fuese procesado como principal sospechoso de asesinato.
ESTE CASO no influyó en la carrera policial del sospechoso porque era “un delito privado” y prosiguió su carrera profesional hasta formar parte de la Dirección Nacional de Inteligencia.
EL 27 DE ABRIL DE 2009, Andrade reveló en un informe oficial que, tras hacer seguimiento al supuesto grupo terrorista liderado por el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores, dirigió el operativo para desarticularlo la madrugada del 16 de abril, en el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz.
FUENTE: LA PRENSA
http://www.laprensa.com.bo/noticias/04-11-09/noticias.php?nota=04_11_09_segu2.php
Según otro video, la escena del caso Rózsa fue alterada
De acuerdo con una denuncia del diputado Bernardo Montenegro, la escena del operativo que terminó con la vida de Eduardo Rózsa fue alterada. El congresista comparó dos filmaciones, una hecha el 16 de abril por la ex Utarc y otra realizada cuatro días después por la comisión que investiga el caso, y halló diferencias.
En el programa Que No Me Pierda de la red Uno, el diputado comparó las imágenes que se tomaron en el hotel Las Américas durante la visita de la comisión y las que filmó la dragoniante Marilin Vargas, Karen.
En la imagen policial se observa en la habitación de Eduardo Rózsa, muerto en el operativo, un velador con una lámpara encendida, mientras las imágenes de los diputados muestran ambos objetos destrozados.
También se hace notar que en la imágenes filtradas se ve un cuadro con sus alrededores intactos, pero la grabación de los legisladores muestra en la parte inferior izquierda y derecha del cuadro, destrozos que, según Montenegro, son producto de impactos de bala.
En otra parte de la secuencia de la Utarc se filma un interruptor sin daños, mientras la grabación de los legisladores revela impactos de bala, aseguró Montenegro, quien reiteró que esto muestra que se contaminó la escena de los hechos del 16 de abril en el hotel Las Américas.
Ese día, un grupo de élite de la Utarc desarticuló al supuesto grupo irregular acabando con la vida de Rózsa, Árpad Magyarosi, Michael Dwyer, y aprehendiendo a Mario Tádic y Elöt Tóásó.
Parte de las imágenes que tomó la Utarc se filtraron a los medios de comunicación.
El viceministro de Gobierno, Marcos Farfán, adelantó que, por reportes de Inteligencia, en las próximas horas se revelaría el contenido de un nuevo video en el que se relacionará al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, con los hechos de supuesto terrorismo.
“Tenemos reportes de Inteligencia de que en los próximos días se va a empañar la figura del ministro Juan Ramón Quintana”, anunció y explicó que esto es parte de la guerra sucia en vista a las elecciones de diciembre.
Karen admite que filmó el video del operativo
La dragoniante y miembro de la Utarc Marilin Vargas Villca, Karen, reveló que se les informó del operativo en el hotel Las Américas “sólo minutos antes” de su ejecución y que se encargó de filmar la acción policial como parte de sus labores.
Vargas dio la versión de los hechos al fiscal que investiga el caso Marcelo Soza. La Razón accedió a sus declaraciones donde también, como lo había hecho el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, confirma la autenticidad de las imágenes filtradas a los medios de comunicación y su “alteración”.
Negó que se haya “sembrado” pruebas en el escenario del operativo, como se induce a pensar en las imágenes filtradas de la acción del 16 de abril. “Niego totalmente que se haya hecho lo señalado”, respondió ante la consulta sobre si se plantó pruebas.
La dragoniante declaró el viernes ante Soza. Su abogado, Mirko Suaznábar, dijo ese día que su defendida daría el martes una conferencia de prensa.
La conferencia no se realizó y Suaznábar se limitó a explicar que esta decisión responde a parte de su estrategia legal.
Karen, como es también conocida la policía, afirmó que no vio dinero ni valores en la habitación del abatido Eduardo Rózsa y de sus cómplices.
La uniformada presta servicios en la Policía desde hace tres años. Su abogado informó que continúa trabajando en Inteligencia de la institución.
FUENTE : LA RAZON
En el programa Que No Me Pierda de la red Uno, el diputado comparó las imágenes que se tomaron en el hotel Las Américas durante la visita de la comisión y las que filmó la dragoniante Marilin Vargas, Karen.
En la imagen policial se observa en la habitación de Eduardo Rózsa, muerto en el operativo, un velador con una lámpara encendida, mientras las imágenes de los diputados muestran ambos objetos destrozados.
También se hace notar que en la imágenes filtradas se ve un cuadro con sus alrededores intactos, pero la grabación de los legisladores muestra en la parte inferior izquierda y derecha del cuadro, destrozos que, según Montenegro, son producto de impactos de bala.
En otra parte de la secuencia de la Utarc se filma un interruptor sin daños, mientras la grabación de los legisladores revela impactos de bala, aseguró Montenegro, quien reiteró que esto muestra que se contaminó la escena de los hechos del 16 de abril en el hotel Las Américas.
Ese día, un grupo de élite de la Utarc desarticuló al supuesto grupo irregular acabando con la vida de Rózsa, Árpad Magyarosi, Michael Dwyer, y aprehendiendo a Mario Tádic y Elöt Tóásó.
Parte de las imágenes que tomó la Utarc se filtraron a los medios de comunicación.
El viceministro de Gobierno, Marcos Farfán, adelantó que, por reportes de Inteligencia, en las próximas horas se revelaría el contenido de un nuevo video en el que se relacionará al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, con los hechos de supuesto terrorismo.
“Tenemos reportes de Inteligencia de que en los próximos días se va a empañar la figura del ministro Juan Ramón Quintana”, anunció y explicó que esto es parte de la guerra sucia en vista a las elecciones de diciembre.
Karen admite que filmó el video del operativo
La dragoniante y miembro de la Utarc Marilin Vargas Villca, Karen, reveló que se les informó del operativo en el hotel Las Américas “sólo minutos antes” de su ejecución y que se encargó de filmar la acción policial como parte de sus labores.
Vargas dio la versión de los hechos al fiscal que investiga el caso Marcelo Soza. La Razón accedió a sus declaraciones donde también, como lo había hecho el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, confirma la autenticidad de las imágenes filtradas a los medios de comunicación y su “alteración”.
Negó que se haya “sembrado” pruebas en el escenario del operativo, como se induce a pensar en las imágenes filtradas de la acción del 16 de abril. “Niego totalmente que se haya hecho lo señalado”, respondió ante la consulta sobre si se plantó pruebas.
La dragoniante declaró el viernes ante Soza. Su abogado, Mirko Suaznábar, dijo ese día que su defendida daría el martes una conferencia de prensa.
La conferencia no se realizó y Suaznábar se limitó a explicar que esta decisión responde a parte de su estrategia legal.
Karen, como es también conocida la policía, afirmó que no vio dinero ni valores en la habitación del abatido Eduardo Rózsa y de sus cómplices.
La uniformada presta servicios en la Policía desde hace tres años. Su abogado informó que continúa trabajando en Inteligencia de la institución.
FUENTE : LA RAZON
Convergencia alista demanda contra Tuco
La alianza Plan Progreso Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) denunciará ante la Corte Nacional Electoral (CNE) al viceministro de Defensa Civil, Hernán Tuco, acusado de dirigir actos de agresión contra militantes de esa fuerza política.
El portavoz de Convergencia, Erick Fajardo, explicó que los asesores y delegados ante la CNE de la agrupación se encuentran recopilando las pruebas que consistiría en videos y fotografías de las agresiones que fueron víctimas simpatizantes y militantes de esta agrupación el pasado domingo.
Un grupo de miembros del Movimiento al Socialismo (MAS) intentó frenar la campaña en la circunscripción 25 de Cochabamba, resultando 11 personas heridas, entre ellas la hija del candidato a la presidencia, Manfred Reyes Villa, y el hijo de cinco años de un dirigente quien terminó con una fractura en la pierna al haber sido aplastado por la turba.
"Una unidad móvil que tienen los dirigentes del MAS, tratando de espantar a la militancia de Convergencia, fue al lugar y arremetió contra ellos. El que azuzó a la violencia, el que dio, micrófono en mano, el ultimátum para que la gente de Convergencia desalojara el predio fue él, Tuco", sostuvo Fajardo.
El vocero de PPB-CN señaló que Tuco "ha incurrido en un delito de corte penal electoral", por lo que esa alianza prepara una denuncia documentada sobre lo ocurrido, que será presentada esta semana ante la Corte Nacional Electoral (CNE).
Indicó que el Código Electoral boliviano sanciona la obstaculización del ejercicio del derecho electoral a otro ciudadano con hasta cinco años de cárcel. El artículo 201 bis del Código lo señala.
Añadió que "no es la primera vez" que militantes del MAS arremeten contra las campañas opositoras y citó como las agresiones de oficialistas contra algunos candidatos que fueron a entregar sus listas a la CNE en septiembre pasado.
Tuco negó haber incitado a la violencia, si bien reconoció que estuvo presente cuando se produjeron las agresiones. "De parte del MAS no hubo agresión verbal ni física. Los mismos comerciantes les pedían que abandonaran el lugar", afirmó.
El presidente de la CNE, Antonio Costas, aclaró que la Corte no puede actuar de oficio, por lo que aguardará a la presentación de las denuncias para pronunciarse.
FUENTE: EL DIA
http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=150&pla=3&id_articulo=18708
El portavoz de Convergencia, Erick Fajardo, explicó que los asesores y delegados ante la CNE de la agrupación se encuentran recopilando las pruebas que consistiría en videos y fotografías de las agresiones que fueron víctimas simpatizantes y militantes de esta agrupación el pasado domingo.
Un grupo de miembros del Movimiento al Socialismo (MAS) intentó frenar la campaña en la circunscripción 25 de Cochabamba, resultando 11 personas heridas, entre ellas la hija del candidato a la presidencia, Manfred Reyes Villa, y el hijo de cinco años de un dirigente quien terminó con una fractura en la pierna al haber sido aplastado por la turba.
"Una unidad móvil que tienen los dirigentes del MAS, tratando de espantar a la militancia de Convergencia, fue al lugar y arremetió contra ellos. El que azuzó a la violencia, el que dio, micrófono en mano, el ultimátum para que la gente de Convergencia desalojara el predio fue él, Tuco", sostuvo Fajardo.
El vocero de PPB-CN señaló que Tuco "ha incurrido en un delito de corte penal electoral", por lo que esa alianza prepara una denuncia documentada sobre lo ocurrido, que será presentada esta semana ante la Corte Nacional Electoral (CNE).
Indicó que el Código Electoral boliviano sanciona la obstaculización del ejercicio del derecho electoral a otro ciudadano con hasta cinco años de cárcel. El artículo 201 bis del Código lo señala.
Añadió que "no es la primera vez" que militantes del MAS arremeten contra las campañas opositoras y citó como las agresiones de oficialistas contra algunos candidatos que fueron a entregar sus listas a la CNE en septiembre pasado.
Tuco negó haber incitado a la violencia, si bien reconoció que estuvo presente cuando se produjeron las agresiones. "De parte del MAS no hubo agresión verbal ni física. Los mismos comerciantes les pedían que abandonaran el lugar", afirmó.
El presidente de la CNE, Antonio Costas, aclaró que la Corte no puede actuar de oficio, por lo que aguardará a la presentación de las denuncias para pronunciarse.
FUENTE: EL DIA
http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=150&pla=3&id_articulo=18708
En 3 años, 102.414 toneladas de coca eludieron controles legales
Gobierno y ONUDD firmaron un convenio para contar con la base de datos del organismo. Hasta el 24 de octubre de este año, el Gobierno erradicó y “racionalizó” 5.404 hectáreas de cocales.
Entre 2006 y 2008, 102.414 toneladas de hoja de coca, el 67,5 por ciento de la producción nacional de ese periodo, eludieron los controles legales para su comercialización sin que se conozca su destino, aunque una autoridad gubernamental supone que parte de ese volumen fue a “mercados primarios”.
Durante esos tres años, que coinciden con la actual gestión gubernamental, Bolivia cosechó 152.675 toneladas de coca y se generó un movimiento económico de 685,1 millones de dólares.
Con las 102.414 toneladas de la hoja es posible elaborar unas 311 toneladas de cocaína.
Según la ONUDD, sólo 49.631 toneladas de la hoja pasaron por los dos centros de acopio reconocidos por la Ley 1008, que funcionan bajo una resolución ministerial aprobada durante la actual gestión gubernamental y que reciben la producción de Caranavi.
Rolando Molina, asesor del Viceministerio de Defensa Social, explicó que, en el Chapare, cada una de las seis federaciones del trópico cochabambino cuenta con mercados primarios, a través de los que el producto puede ser dirigido al consumo legal, aunque la Ley 1008 no autoriza el funcionamiento de tales centros primarios de acopio ni el de Caranavi.
Sin embargo, la autoridad admitió: “No podemos decir que no hay narcotráfico, y contra ese mal estamos luchando”.
El Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuya base social son los cocaleros, inició un proceso de “flexibilización” de la mencionada ley.
El surgimiento de un tercer mercado; la aprobación del cato de coca en Caranavi, Apolo y otras zonas no tradicionales y la autorización para las plantaciones en las zonas no reconocidas por la ley son algunas de las medidas que derivaron en el crecimiento de los cocales.
Además, el Gobierno anunció que la superficie máxima permitida para sembrar la hoja debe ser de 20.000 hectáreas, en tanto que la norma autoriza la plantación del arbusto sobre 12.000 hectáreas
El ex viceministro de Defensa Social Ernesto Justiniano explicó que incluso parte de la coca que pasa por los tres mencionados centros de acopio puede desviarse al circuito ilegal.
El mercado de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca de La Paz (Adepcoca) no cuenta con un punto de control de la Dirección General de la Coca e Industrialización (Digcoin), lo que sí ocurre en el de Sacaba y el de Caranavi.
A fin de contar con datos exactos relativos a los volúmenes de hoja de coca requeridos para cubrir el consumo legal y tradicional, el Instituto Nacional de Estadística lleva adelante un estudio financiado por la Unión Europea cuyos resultados se conocerán a mediados de 2010.
Además, el Gobierno suscribió un convenio con la ONUDD para que la base de datos relativos a la coca de ese organismo se quede en el país y sirva para aplicar políticas en la materia.
En forma paralela, técnicos del Viceministerio de Defensa Social redactan dos proyectos para reemplazar a la Ley 1008, uno se referirá estrictamente al régimen de la hoja de coca y el segundo, relativo a la cocaína y los precursores, establecerá los lineamientos de la interdicción.
Uno de los principales objetivos es controlar minuciosamente el destino que se da a ciertas sustancias químicas, como ácido sulfúrico, diésel o gasolina y acetona, pues actualmente no se fiscaliza lo que empresas y fábricas hacen con los precursores y elementos sujetos a control.
Molina dijo que “si no hubiera precursores en el mercado interno, sería imposible producir cocaína, pero actualmente el control sobre los químicos es muy poco eficiente y permite que posiblemente cierta cantidad se desvíe a la producción ilegal de cocaína”.
La idea es prohibir terminantemente el uso de agroquímicos, como sucede en algunas regiones de Yungas y el Chapare, en los cocales y establecer mecanismos de control social para evitar que crezcan los cultivos y se mantengan dentro de los límites determinados por el estudio.
Se pretende, de esta manera, evitar que se rompa el equilibrio ecológico, pues los fertilizantes causan daños en la tierra, los ríos y el medio ambiente.
El asesor Reynaldo Molina agregó que todavía no existe un estudio en cuanto a la cantidad de hoja de coca que se necesita para sintetizar un kilogramo del alcaloide. “Hay 82 variedades de la hoja. Cada una tiene distinta composición interna. Entonces, hacer cálculos en torno a la cantidad de coca que se necesita para elaborar determinado volumen de droga no resulta correcto. Se trata de estimaciones, que pueden tener un sesgo”.
En Apolo, por ejemplo, las plantas no superan los 50 centímetros y las hojas son muy pequeñas, por lo que esas cosechas, anotó, son exclusivamente para el consumo de los productores y sus familias.
Las plantas, en las zonas de Yungas e Inquisivi, en La Paz, y Yungas de Vandiola, en Cochabamba, alcanzan una altura promedio de un metro e incluso son más altas.
Un reporte oficial del Gobierno da cuenta de que entre 2006 y el 26 de octubre de 2008 las incautaciones de hoja en estado natural ascendieron a 6.565,44 toneladas.
Ecuador, país productor
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) reportó oficialmente en septiembre que los cultivos de hoja de coca se han extendido a otro país de la órbita bolivariana, Ecuador, donde se localizó la existencia de 25 hectáreas con estas plantaciones.
Según el informe, los cocales se encuentran en la frontera norte ecuatoriana, en el límite con Colombia.
El documento de la ONUDD da cuenta de que “el Gobierno ecuatoriano ha reportado la existencia de algunos pocos cultivos en su territorio, los que en su mayor extensión ya habrían sido erradicados. Esto indica que la actividad cocalera continúa siendo de carácter incipiente, a pesar de su cercanía a sectores de gran concentración de cultivos” en Colombia.
Los sembradíos de coca no se multiplican en ese país porque la legislación ecuatoriana pena con cárcel a quienes se dedican a esta actividad, además de que hay un estricto control policial y militar para evitar su propagación, particularmente en la zona fronteriza, y entre los campesinos no existe la tradición de cultivar hoja de coca.
Colombia tenía en 2008 81.000 hectáreas de cocales, Perú sumó 56.100 y Bolivia, 30.500, por lo que ONUDD sostiene que el caso ecuatoriano no es relevante.
Un tríptico oficial desinforma
Un tríptico del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas impreso recientemente da cuenta de que la despenalización de la hoja de coca es un logro del Gobierno nacional, cuando en realidad Naciones Unidas no tomó esta decisión.
En diversos foros internacionales, el presidente Evo Morales solicitó que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) retire la hoja de coca en estado natural de la lista de sustancias prohibidas por la Convención de Viena de 1961.
Antonio María Costa, director ejecutivo e la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), declaró a la agencia de noticias Efe, el 21 de octubre: “Yo no veo al momento un acuerdo internacional que sostenga (la demanda de Bolivia). Al contrario, yo veo una unanimidad contraria” al deseo de Morales.
De acuerdo con esa información, Costa refirió que hay por delante “un proceso extremadamente largo, que va a tomar años y cuyo resultado depende de la actitud de los gobiernos” de los Estados miembros de Naciones Unidas.
El representante del organismo internacional admitió, sin embargo, que la comunidad internacional “ahora acepta la noción de que una cierta cantidad de cultivos pueda ser destinada al uso legítimo” de la hoja, pero no su despenalización plena.
Los datos
En toneladas En dólares
AÑO PRODUCCIÓN TOTAL MERCADO FUERA VALOR TOTAL LEGAL DEL MERCADO
2006 47.836 13.209 34.627 176.444.300
2007 50.479 17.120 333.359 214.492.753
2008 54.360 19.302 34.428 293.784.955
TOTALES 153.675 49.631 102.414 685.014.210
PORCENTAJE 100% 32,5% 67,5% -------------------
Incautación de hoja de coca
En toneladas
AÑO 2006 2007 2008 2009 TOTAL
----------- 1.346,03 1.707,17 2.046,82(*) 1.447,42 6.565,44 (*)
(*) Datos al sábado 26 de octubre de 2009.
Según Naciones Unidas, en 2008, Bolivia tenía 30.500 hectáreas plantadas con cocales.
FUENTE: ONUDD
Hojas
En 2006, el Gobierno se incautó de 1.346,03 toneladas de hoja de coca en estado natural.
En 2007, esa cantidad se incrementó a 1.707,17 toneladas de este producto.
El año pasado, los secuestros de los cultivos alcanzaron a 2.064,82 toneladas.
FUENTE: LA PRENSA
http://www.laprensa.com.bo/noticias/04-11-09/noticias.php?nota=04_11_09_segu1.php
En el último trienio, 67,5% de la coca se desvió al circuito ilícito
Narcotráfico. El porcentaje equivale a 102.414 toneladas de la hoja, con las que se pudo producir 311 toneladas de cocaína. Los informes Bolivia: Monitoreo de cultivos de coca de la ONUDD de las gestiones 2006, 2007 y 2008 revelan que en este periodo Bolivia produjo 152.675 toneladas del cultivo que generó un movimiento económico de $us 685,1 millones. Según el reporte, sólo 32,5% de la hoja (49.631 toneladas) va a los mercados legales de Sacaba, Caranavi y Adepcoca.
Fuente: La Prensa
http://www.laprensa.com.bo/noticias/04-11-09/index.php
Fuente: La Prensa
http://www.laprensa.com.bo/noticias/04-11-09/index.php
Hay más dudas sobre muerte de Eduardo Rózsa
El abogado de Tóásó dice que la persona que aparece en el último video no es su cliente. En Hungría creen que es Rózsa, el diario húngaro Kuruc.info compara fotografías de la habitación de Rózsa, donde se ve la camisa, con imágenes del video donde hay una persona con una camisa similar y una fotografía del boliviano croata en vida.
Una camisa azul a cuadros que se encontró en la habitación 458 del hotel Las Américas, asignada al supuesto líder del grupo terrorista Eduardo Rózsa; un video donde se ve a una persona amarrada y con la cabeza tapada, que lleva una camisa con estas mismas características, por donde pasan los efectivos de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) y la negativa del abogado de Elöd Tóásó que se trata de su cliente, levantaron la duda de que el boliviano croata aún estaba vivo cuando la policía intervino.
“Pienso que con esto hay que ser responsables antes de vertir algún criterio, hay alguna similitud de la camisa del señor Eduardo Rózsa con esa camisa, podría ser una prueba de que el señor Eduardo Rózsa se encontraba con vida”, señaló el abogado defensor de Tóásó, Rigoberto Paredes, señalando que el húngaro está dispuesto a declarar pero en Santa Cruz.
La semana pasada salió a la luz pública dos videos, en el primero se mostró al capitán Wálter Andrade, ex jefe de la disuelta Utarc, con Ignacio Villa Vargas, testigo clave de la Fiscalía, y la policía Marilyn Vargas, en las segundas imágenes se ve la intervención en el hotel donde muestran a los efectivos recorriendo las habitaciones y pasando junto a dos personas, las que se identificaron como Mario Tadic y la otra como Tóásó, sin embargo, Paredes ratificó que no se trata de su cliente y tampoco del cochabambino Tadic, ambos detenidos en la cárcel de San Pedro luego del operativo del 16 de abril donde murieron tres personas.
A esta hipótesis se suma el diario húngaro Kuruc.info que compara fotografías de la habitación de Rózsa, donde se ve la camisa, con imágenes del video donde hay una persona con una camisa similar y una fotografía del boliviano croata en vida. En todas se identifica la camisa azul a cuadros. Mientras tanto parlamentarios bolivianos preparan su viaje a Irlanda y Hungría.
“Pienso que con esto hay que ser responsables antes de vertir algún criterio, hay alguna similitud de la camisa del señor Eduardo Rózsa con esa camisa, podría ser una prueba de que el señor Eduardo Rózsa se encontraba con vida”, señaló el abogado defensor de Tóásó, Rigoberto Paredes, señalando que el húngaro está dispuesto a declarar pero en Santa Cruz.
La semana pasada salió a la luz pública dos videos, en el primero se mostró al capitán Wálter Andrade, ex jefe de la disuelta Utarc, con Ignacio Villa Vargas, testigo clave de la Fiscalía, y la policía Marilyn Vargas, en las segundas imágenes se ve la intervención en el hotel donde muestran a los efectivos recorriendo las habitaciones y pasando junto a dos personas, las que se identificaron como Mario Tadic y la otra como Tóásó, sin embargo, Paredes ratificó que no se trata de su cliente y tampoco del cochabambino Tadic, ambos detenidos en la cárcel de San Pedro luego del operativo del 16 de abril donde murieron tres personas.
A esta hipótesis se suma el diario húngaro Kuruc.info que compara fotografías de la habitación de Rózsa, donde se ve la camisa, con imágenes del video donde hay una persona con una camisa similar y una fotografía del boliviano croata en vida. En todas se identifica la camisa azul a cuadros. Mientras tanto parlamentarios bolivianos preparan su viaje a Irlanda y Hungría.
Amenazan con entrar en huelga
Los familiares de los ex unionistas Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza amenazaron ayer nuevamente con declararse en huelga de hambre si el Gobierno no cumple con la ley y deja que sean trasladados a Santa Cruz.
La esposa de Guedes, Martha Landívar, protestó en las puertas de la Fiscalía cruceña señalando que hace un mes que su marido fue detenido y llevado a declarar a La Paz.
Guedes, en contacto telefónico con PAT, también amenazó con iniciar ayuno voluntario.
De la misma forma la hermana y el hijo de Mendoza pidieron justicia y señalaron que se unirán a la medida de presión.
La esposa de Guedes, Martha Landívar, protestó en las puertas de la Fiscalía cruceña señalando que hace un mes que su marido fue detenido y llevado a declarar a La Paz.
Guedes, en contacto telefónico con PAT, también amenazó con iniciar ayuno voluntario.
De la misma forma la hermana y el hijo de Mendoza pidieron justicia y señalaron que se unirán a la medida de presión.
FUENTE:
http://www.ernestojustiniano.org/2009/11/hay-ms-dudas-sobre-muerte-de-eduardo-rzsa/
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